El tráfico ilegal de tierras en Perú se ha convertido en una de las problemáticas más alarmantes del sector inmobiliario, afectando tanto a los ciudadanos como al desarrollo económico del país. Según datos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), el 93% de las habilitaciones urbanas provienen de asentamientos informales, lo que refleja la magnitud del problema y la urgencia de implementar soluciones efectivas.
Ante la falta de acceso a viviendas formales, miles de familias peruanas recurren a traficantes de terrenos, quienes venden lotes sin título de propiedad ni garantías legales. Esta práctica ha generado el crecimiento desordenado de ciudades, sin la infraestructura adecuada y con graves consecuencias sociales y económicas. Además, en muchas regiones del país, los traficantes falsifican documentos, ocupan terrenos del Estado o invaden propiedades privadas, agravando los conflictos legales y sociales.
La brecha habitacional es uno de los principales desafíos
Actualmente, 1 millón 900.000 familias presentan problemas de vivienda, de las cuales 600.000 no cuentan con un hogar propio. Cada año, aproximadamente 140.000 familias nuevas buscan una propiedad, pero el país solo produce 40.000 viviendas formales anuales, muy por debajo de la demanda real de 200.000 unidades. Para cerrar esta brecha en la próxima década, sería necesario triplicar la producción de viviendas y alcanzar las 60.000 unidades por año.
Según la especialista Ana Cecilia Gálvez, una política habitacional estable, con subsidios y financiamiento predecibles a largo plazo, es clave para combatir la informalidad. En este sentido, citó el caso de Colombia, país que cuenta con un presupuesto aprobado hasta el 2034 y logra producir 225.000 casas anuales, demostrando que la planificación es fundamental para enfrentar la crisis habitacional.
El impacto de la vivienda formal en la economía del país es significativo. Cada sol invertido en subsidios para vivienda genera un retorno 21 veces mayor en la economía, impulsando sectores como la construcción, el comercio y los servicios. Además, el acceso a viviendas formales permite a las familias contar con servicios básicos como agua potable, electricidad e internet, mejorando su calidad de vida y generando mayores oportunidades de desarrollo.
La crisis habitacional en Perú requiere de acciones inmediatas y coordinadas entre el sector público y privado para garantizar el acceso a viviendas formales y seguras para todos los ciudadanos. Mientras no se implementen soluciones sostenibles, el tráfico de tierras seguirá siendo la principal alternativa para miles de familias peruanas que buscan un hogar propio.