Cuando la confianza ciudadana y el erario público son traicionados por quienes juraron defenderlos, la justicia implacable recuerda que ningún cargo ni artimaña burda puede borrar el peso de la ley.

Un nuevo revés para la corrupción en la región San Martín. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto logró una condena de tres años, cinco meses y cinco días de prisión efectiva contra Aníbal Guillermo Tuesta Sánchez, exgerente de la Municipalidad Provincial de Lamas, tras hallarlo culpable del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

La contundente sentencia fue posible gracias a la rigurosa sustentación de pruebas presentada por la fiscal adjunta provincial Sara Betzabeth Garay Saavedra ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de Lamas. Durante el juicio, la investigación probó fehacientemente que el exfuncionario se apropió ilícitamente de la suma de S/ 9,457.40 de las arcas municipales. El ilícito se remonta al 23 de octubre de 2020, fecha en la que Tuesta Sánchez recibió en custodia dicho monto en efectivo —correspondiente al saldo de las actividades celebratorias por el aniversario de la ciudad— con la única misión de realizar el depósito formal en las cuentas de la entidad.

Lejos de cumplir con sus obligaciones administrativas, el exgerente omitió la transferencia bancaria y urdió una coartada infantil: simuló un falso hurto al interior de su propio escritorio, pretendiendo ocultar su responsabilidad en un cajón del que era el único guardián. No contento con ello, el procesado ignoró olímpicamente los requerimientos notariales cursados en el año 2021 e incumplió un compromiso escrito en el que prometía devolver hasta el último centavo a más tardar el 15 de febrero de 2021.

No obstante, el fallo condenatorio, el magistrado dispuso que la ejecución de la pena privativa de libertad permanezca suspendida de manera temporal hasta que la sentencia sea declarada consentida o ejecutoriada por una segunda instancia judicial, quedando el sentenciado bajo estrictas reglas de conducta y en libertad restringida mientras se define su situación final.

Para cerrar los espacios que facilitan este tipo de atracos institucionales e impedir que los recursos de los contribuyentes terminen en bolsillos ajenos, resulta vital implementar rigurosas acciones preventivas, tales como la prohibición estricta del manejo de efectivo en oficinas administrativas, la digitalización y bancarización inmediata de toda recaudación por eventos o aniversarios, la rotación periódica del personal en áreas sensibles de tesorería y la fiscalización descentralizada a cargo de las oficinas de control institucional.