Cuando la violencia pretende silenciar las urnas, la ley y la firmeza institucional se alzan como el único escudo para proteger la voluntad soberana de los ciudadanos.

A pocos días de celebrarse las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones políticas para mantener el orden, la serenidad y el respeto absoluto antes, durante y después del proceso de sufragio programado para el próximo 4 de octubre.

Para garantizar que los comicios transcurran sin alteraciones graves a la paz social, la ONPE recordó la activación de mecanismos clave de prevención, como el Mapa de Alertas de Conflictos Electorales (MACE), diseñado para detectar de manera oportuna cualquier situación de riesgo que vulnere la realización de la jornada electoral. En esa misma línea, el Ministerio Público desplegará un total de 6,800 fiscales – entre especialistas de prevención del delito, penales y anticorrupción –  quienes operarán de manera articulada dentro de los locales de votación junto a la ONPE y las fuerzas del orden para intervenir inmediatamente ante la comisión de ilícitos.

Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú cumplirán un rol estratégico en la custodia estricta del material electoral, el personal y las instalaciones, encargándose la policía de la protección externa de los recintos de votación, con la facultad excepcional de ingresar para cumplir sus funciones constitucionales.

Las autoridades recordaron que los actos de violencia extrema – como la toma de locales, la quema de ánforas o la destrucción de actas – tipifican como “delitos contra la voluntad popular” en concurso con disturbios y daños agravados, cuyas penas privativas de la libertad oscilan entre 3 y 10 años según el Código Penal (artículo 354). Del mismo modo, se advirtió sobre sanciones drásticas para conductas ilícitas como el atentado contra el derecho de sufragio (artículo 359), la coacción u obligación del voto (artículo 355), la inducción mediante dádivas (artículo 356) y la suplantación de identidad al sufragar con el DNI ajeno.

Votar en democracia es un acto de libertad y responsabilidad ciudadana; permitir que la violencia empañe las urnas es destruir el derecho sagrado de elegir nuestro propio destino.