Crímenes contra líderes indígenas sepultados por la impunidadDesidia. En la mayoría de los casos, los responsables no han sido sancionados y en otros ni siquiera se inician las investigaciones.El Ejecutivo creó un mecanismo intersectorial para coordinar la protección a las comunidades indígenas acosadas por narcotraficantes, taladores y mineros ilegales, pero no ha tenido resultados.“La mayoría de comunidades indígenas son de la selva y se encuentran vulnerables ante las mafias que operan en la amazonia”Desprotegidos, en los últimos cinco años más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en todo el Perú. Así lo informó la especialista en gestión institucional de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa Balbín.En este marco, no descartó que existan más casos, debido a que, según reveló, muchos de los crímenes de este tipo no son denunciados. “Esta cifra sólo demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en nuestro país, principalmente en la Amazonía”, expresó.
Son acorraladosSeñaló que a través de los años actividades como la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico registraron un incremento en la selva peruana, provocando que el conflicto entre los pobladores y las personas que ejecutan esas actividades ilícitas aumente. El problema es aún mayor por la escasa presencia del Estado a fin de que recoja las denuncias.Por ello, consideró importante que el Congreso de la República ratifique el Principio 10; norma que permitirá establecer políticas públicas para la protección de estas zonas, así como de su población. Entre ellas figura la creación de juzgados especializados ubicados de forma estratégica para acoger las denuncias de los grupos étnicos.La ausencia del EstadoLa adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, manifestó que existe una precariedad del Estado para garantizar la protección de los líderes indígenas. Al respecto, coincidió en la necesidad de crear autoridades especializadas, ya que los casos no reciben un tratamiento adecuado.En el Perú existen 55 pueblos indígenas con una población aproximada de 4 millones de personas. De esta cantidad, un total de 51 pueblos pertenecen a la Amazonía y 4 a la zona andina del país. “Casi la mayoría de comunidades indígenas son de la selva y se encuentran vulnerables ante las mafias que operan en estas zonas”, alertó la funcionaria.El registro sigue pendienteOtra medida que plantearon es que el Poder Judicial cree e implemente un registro nacional de defensores, con información de las comunidades afectadas y sus principales representantes. “Con un sistema así, el Estado podría elaborar mecanismos de protección e incluso ayudaría a identificar a los responsables de estos crímenes”, expresó.A su turno, la secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ana María Vidal, indicó que el Estado, al margen de los convenios internacionales, tiene la obligación de aplicar leyes y políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades. Lamentó que hasta el momento no exista un compromiso real para hacerlo de parte de las autoridades.
Exministro Avelino Guillén rechaza el asesinato de líderes indígenas y cuestiona la indiferencia del Estado.«Desde marzo, el líder Santiago Contoricón estaba amenazado, y él pidió ayuda [a las autoridades] y nadie se la brindó desde el Estado», dijo el exministro.Comentó que en el año 2016 el Ministerio de Justicia firmó una resolución viceministerial donde se comprometía a desarrollar un protocolo para la protección de defensores de los derechos humanos. En el referido documento señalaban un plazo de 60 días para su publicación, pero nunca lo presentaron.El narcotráfico está avanzando brutalmente en la selva, y 20 líderes indígenas han sido asesinados desde el 2020 por criminales vinculados a actividades ilegales, dijo el exministro Avelino Guillén, tras expresar su preocupación por la nula respuesta que el Estado viene dando a las amenazas que las comunidades vienen recibiendo.“Acá lo que tenemos que tener en claro es lo siguiente: lo único que ha crecido en el país es el crimen organizado, ha crecido el sicariato, la trata de personas, el narcotráfico, los puertos son zonas liberadas para el narcotráfico”, dijo.
El clima no es favorableEl exfiscal advirtió, en ese sentido, que el clima no es favorable y cuestionó la actuación que vienen mostrando las instituciones del Poder Ejecutivo, la Policía Nacional y el sistema de justicia, frente al avance de la delincuencia.“Es increíble, parece que vamos camino a ser un nuevo México. Acá con esta clase política, con estos políticos asentados en el Poder Ejecutivo, con una Policía sin ningún respaldo ciudadano y se lo han ganado a punche, la delincuencia viene avanzando y el sistema de justicia no funciona, porque no tiene recursos, no tiene respaldo”, indicó.“Acá se ve al servicio de justicia como un gasto, cuando es una inversión. Entonces, el clima no es favorable, es un clima [de inseguridad]. A mí me preocupa mucho mis hijos en qué tipo de sociedad van a vivir, donde uno no puede salir a la puerta a la calle, porque no sabe lo que te va a pasar”, agregó.