Por Edy Tirado Ramos
El 31 de mayo del 2012, El congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Bruce, presentó un polémico proyecto de ley para que el Parlamento pueda interpelar, y eventualmente, censurar a los Presidentes Regionales, con el argumento central que “Hoy tenemos presidentes regionales que manejan dos o tres veces más presupuestos que los ministros, y nadie los toca”.
Al respecto considero que si bien es cierto que hay muchos mandatarios regionales acusados de corrupción y malos manejos de fondos públicos, que merecen ser investigados y sancionados, no debe llevarnos a desdibujar el proceso de descentralización en marcha en el Perú, tampoco a generar una distorsión constitucional, pues a diferencia de los ministros que si pueden ser interpelados o censurados y hasta denunciados por el parlamento, los Presidentes Regionales no dependiendo del ejecutivo a diferencia de los ministros, no les alcanza esta norma constitucional.
Los Presidentes Regionales son cabezas visibles de los Gobiernos subnacionales que no forman parte del Gobierno Central y siendo la interpelación y la censura mecanismos de control político que permite que el Poder Legislativo fiscalice y supervise la actuación del Poder Ejecutivo, ampliarlo a los Presidentes Regionales desnaturaliza la finalidad y naturaleza del mandato constitucional.
Una cosa es que el parlamento pida información a los Presidentes Regionales con la intencionalidad de contribuir en el mejoramiento de su administración para mejorar su desempeño y otra muy distinta es pedirle que concurra al Parlamento a responder las interrogantes de los interpeladores, (congresistas) para que estos si no son satisfechos puedan censurar (destituir) a la autoridad democráticamente elegida, si esto prospera sin duda que será utilizada para sacar del camino a más un Presidente Regional considerado incómodo y se generaría un negociado de las bancadas con los Presientes Regionales que sería un verdadero desastre para el país.
No porque hay consenso de luchar contra la corrupción se puede hacer uso de una iniciativa, que si bien es cierto es popular, no tenemos por qué correr el riesgo de entorpecer la descentralización y regionalización en marcha, pues como ya lo dije, corremos el riesgo de que dicha facultad entregada a los congresistas termine convirtiéndose en un instrumento de presión o persecución política contra aquellas autoridades regionales que incluso sin cometer actos ilegales, sino por el simple hecho de resultar incómodas al Gobierno Nacional, o sostengan tesis contrarias a las propuestas por el Ejecutivo o por las bancadas del Congreso, tengan que ser sacadas de sus cargos.
Finalmente es preciso tener presente que en nuestro país tenemos organismos como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, cuya finalidad es justamente investigar, denunciar, procesar y sancionar a quienes incurren en delitos y/o faltas, una mejor iniciativa sería una que busque fortalecer estas instituciones.