La democracia no solo se expresa en las urnas, sino también en los actos simbólicos que legitiman la representación popular. El juramento parlamentario constituye un compromiso público con la institucionalidad, la ciudadanía y la memoria democrática del país.

El debate político surgido tras la posibilidad de que algunos candidatos electos decidan no asumir formalmente los cargos obtenidos en las recientes elecciones ha puesto nuevamente en discusión el valor jurídico y simbólico de la juramentación parlamentaria en el Perú.

El abogado especialista en legislación electoral, Óscar Matutti, explicó que ningún representante elegido adquiere plenamente la investidura parlamentaria mientras no cumpla con el acto formal de jurar el cargo ante las autoridades competentes.

Según precisó, el procedimiento contempla primero la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y posteriormente la entrega de credenciales a los candidatos ganadores. Sin embargo, aclaró que la representación congresal se perfecciona únicamente con la juramentación.

“No se puede obligar a nadie a asumir un cargo y no se puede renunciar a aquello que no se ha juramentado. Un congresista es investido justamente en el momento en que juramenta”, señaló Óscar Matutti.

El especialista indicó que, si un legislador electo no se presenta a la ceremonia oficial para asumir funciones, el mandato popular no llega a concretarse jurídicamente. En ese escenario, corresponde al JNE activar el mecanismo legal de sucesión parlamentaria convocando al accesitario o candidato que sigue en la lista electoral correspondiente.

La aclaración surge luego de conocerse declaraciones de figuras políticas como Rafael López Aliaga, quien habría expresado su intención de no jurar al cargo obtenido en los recientes comicios.

Para Matutti, este tipo de situaciones evidencian la importancia de fortalecer la educación cívica y la comprensión ciudadana sobre los procedimientos constitucionales que sostienen el sistema democrático peruano.

“El juramento no es solamente un acto protocolar; representa el compromiso ético y legal con la voluntad popular y con las instituciones democráticas”, remarcó.

Especialistas en derecho constitucional coinciden en que la democracia moderna no descansa únicamente en el voto ciudadano, sino también en el respeto de las formas institucionales que garantizan la continuidad del Estado y la legitimidad de la representación política.

En regiones como San Martín, donde históricamente la ciudadanía ha demandado mayor transparencia y responsabilidad de sus autoridades, el debate cobra especial relevancia en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones electorales y parlamentarias.

La eventual convocatoria de accesitarios por parte del JNE forma parte de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico peruano para asegurar que la representación popular no quede vacante y que el funcionamiento del Congreso mantenga su estabilidad institucional.