La organización criminal, presuntamente liderada por Cheli Jhanelly Apaestegui Medina, es investigada por estafa agravada y banda criminal en perjuicio de agricultores y empresarios de San José de Sisa.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto a cargo del Fiscal José Wilber Santos Gomero, formalizó investigación preparatoria contra una presunta organización criminal acusada de perpetrar una millonaria estafa bajo la modalidad piramidal en agravio de agricultores y empresarios vinculados al sector cacaotero de la provincia El Dorado. La investigación comprende a Cheli Jhanelly Apaestegui Medina, señalada como sospechosa de ser la presunta cabecilla de la red, junto a otros implicados.

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización habría iniciado sus actividades en el año 2024, ganándose la confianza de productores y comerciantes mediante acuerdos comerciales que eran cumplidos en un primer momento. Sin embargo, desde septiembre de 2025 los investigados habrían puesto en marcha un esquema destinado a apropiarse de grandes cantidades de cacao sin efectuar los pagos correspondientes.

Las pesquisas señalan que Apaestegui Medina, con la presunta colaboración de Alfonso Satalaya Ojanasta y Jair Brayan Olano Vela, ofrecía precios superiores a los del mercado para atraer a los productores. Una vez recibida la mercadería, los pagos eran postergados mediante diversas excusas, entre ellas supuestas retenciones tributarias relacionadas con la SUNAT.

Según la Fiscalía, el perjuicio económico ocasionado a agricultores y comerciantes de la región ascendería a S/ 6 millones 333 mil 349. Entre las víctimas figura el empresario Carlos Manuel Robles Fuentes, gerente de la empresa RIO HARVEST EIRL, quien habría sido convencido de realizar depósitos por un total de S/ 551 mil 500 para la compra de 50 toneladas de cacao que nunca fueron entregadas.

Las investigaciones también revelaron movimientos financieros considerados sospechosos por más de siete millones de soles durante el año 2025. Esta situación ha despertado sospechas sobre un posible esquema de lavado de activos mediante el uso de terceros, debido a que la principal investigada no registraría bienes que justifiquen dichas transacciones económicas.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público citó a los principales investigados para rendir sus declaraciones indagatorias el próximo 1 de julio de 2026. Asimismo, solicitó información a la SUNAT sobre las operaciones financieras de los involucrados con el fin de determinar el destino de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita. De comprobarse las acusaciones en contra de los imputados, los investigados podrían afrontar severas penas por los delitos de estafa agravada y banda criminal. Por: Hugo Anteparra