La acusación fiscal sostiene que Ernesto Peña Robalino habría recibido dos pagos ilícitos de S/ 10,000 para intervenir en la ejecución de una obra vial. Hasta el cierre de edición, VOCES intentó recoger la versión legal de la defensa del alcalde, sin obtener respuesta pese a la insistencia periodística.

El juicio oral contra el alcalde provincial de Moyobamba, Ernesto Peña Robalino, y el empresario Osmar Torres Díaz comenzó este 20 de agosto ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba, en un proceso impulsado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Durante la primera audiencia, el fiscal provincial Alex Mirano Apaza presentó los alegatos de apertura y expuso la teoría del Ministerio Público sobre los presuntos actos de corrupción vinculados a una obra vial en el jirón Trujillo.

La Fiscalía solicita 8 años de prisión para el alcalde Ernesto Peña y 9 años y 4 meses para el empresario Osmar Torres. A Peña se le atribuyen los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado, mientras que Torres es acusado de cohecho activo genérico, instigación al tráfico de influencias y falsedad genérica.

Según la tesis fiscal, Ernesto Peña habría recibido dos pagos de S/ 10,000 cada uno, presuntamente entregados por el empresario Osmar Torres mediante un intermediario. El primer pago habría ocurrido el 31 de diciembre de 2022, en la vivienda del entonces alcalde electo, cuando todavía no había asumido formalmente sus funciones. El segundo habría sido entregado entre el 11 y 13 de enero de 2023, dentro de un vehículo. Para la Fiscalía, estos pagos habrían tenido como finalidad que Peña ejerciera influencia sobre funcionarios municipales y facilitara el destrabe de la ejecución de la obra vial del jirón Trujillo.

Uno de los principales puntos de controversia está precisamente en el momento en que habrían ocurrido los hechos. Mientras la defensa del alcalde cuestiona la imputación relacionada con actos realizados antes de asumir formalmente el cargo, el fiscal Alex Mirano Apaza sostuvo que una autoridad adquiere la condición de funcionario público desde su proclamación, argumento con el que busca sustentar la responsabilidad penal atribuida a Peña.

Respecto al empresario Osmar Torres Díaz, la Fiscalía sostiene que habría participado en la entrega de los presuntos sobornos y que, además, habría utilizado de manera irregular los currículums de dos ingenieras, quienes —según la acusación— no habrían autorizado el uso de sus documentos, con el supuesto propósito de favorecer la licitación de la obra mencionada.

Con los alegatos iniciales concluidos, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba suspendió la audiencia y programó la continuación del juicio para el 31 de agosto. En esa fecha está previsto que comience el interrogatorio formal de peritos y testigos clave, cuyas declaraciones serán parte de los elementos que el juzgado deberá valorar antes de emitir una decisión.

La defensa del alcalde no se pronuncia

Hasta el cierre de edición, VOCES realizó gestiones e insistió en obtener la versión legal de la defensa del alcalde Ing. Ernesto Peña Robalino, con el propósito de incorporar al informe la posición de la parte acusada y ofrecer una cobertura equilibrada del proceso. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta de su defensa al cierre de edición.

El caso entra así en una etapa decisiva. La Fiscalía ha presentado su teoría de acusación, pero la responsabilidad penal de los procesados todavía debe ser determinada judicialmente. El desarrollo de las pruebas y el contraste entre la acusación, los argumentos de las defensas y los testimonios que se presenten durante el juicio serán determinantes para que el órgano jurisdiccional establezca lo que corresponda conforme a ley. Fuente: Ministerio Público – Fotos Archivo.