Pobladores denuncian retrasos, presuntas irregularidades y falta de transparencia del Gobierno Regional de San Martín en el proyecto de mejoramiento de la carretera SM-660.
El Frente de Defensa del Valle Pintuyacu anunció la realización de un paro indefinido desde el 20 de julio de 2026, en protesta por los reiterados incumplimientos del Gobierno Regional de San Martín en el proyecto de mejoramiento de la carretera vecinal SM-660 y la construcción de tres puentes. La decisión fue adoptada por unanimidad durante una asamblea realizada el 3 de julio, donde participaron representantes de los caseríos de Convento, Pintuyaquillo, Pintuyacu, Nuevo Lamas y Copal.
Durante la reunión, los dirigentes cuestionaron los continuos retrasos en la ejecución de la obra, la falta de información sobre el proceso de licitación y la ausencia de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Regional. Asimismo, denunciaron presuntas irregularidades en el expediente técnico, observaciones de la Contraloría que no habrían sido informadas oportunamente y la devolución de recursos que, según indicaron, estaban destinados al proyecto.
La asamblea también rechazó un acta suscrita el 15 de junio en la Municipalidad de Pongo de Caynarachi, al señalar que consignó de manera indebida la participación del Frente de Defensa y de autoridades locales que, según afirman, nunca asistieron ni fueron representadas en dicha reunión.
Como parte de los acuerdos, los pobladores convocaron a un paro indefinido que comenzará el 20 de julio a las 6:00 de la mañana en el sector Convento, a lo largo de la carretera Interoceanica Tarapoto – Yurimaguas. Además, anunciaron una conferencia de prensa para informar sobre la situación del proyecto y conformaron comisiones de movilización, logística, comunicaciones y asesoría jurídica para coordinar las acciones de protesta.
El Frente de Defensa informó que evaluará la presentación de acciones administrativas, civiles y penales contra los funcionarios que resulten responsables de los presuntos perjuicios ocasionados al Estado y a las comunidades afectadas, exigiendo transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población.
