El Gobierno Regional de San Martín-Goresam, en el marco de su política de inclusión, el presente año cumplirá con las metas trazadas en los procesos de reconocimiento y titulación de cincuenta y uno (51) Comunidades Nativas asentadas en el territorio regional, que se inició en la gestión del gobernador Víctor Noriega Reátegui.
Las acciones emprendidas se reflejan en la titulación saneada de la Comunidad Nativa Nuevo Lamas de Shapaja sobre una superficie 1 651.3202 hectáreas, y en el reconocimiento de la personería jurídica de veintitrés (23) Comunidades Nativas ubicadas en las provincias de Lamas, San Martín, Bellavista y El Dorado, otorgando seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y asegurando los usos tradicionales y sus sistemas, trabajo realizado por la Dirección Regional de Agricultura San Martín a través de su órgano de línea la Dirección de Titulación Reversión de Tierras y Catastro Rural. Este proceso se desarrolló de acuerdo al D.L. N° 22175 de la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT.
Del mismo modo, de acuerdo al convenio suscrito entre el Gobierno Regional de San Martín y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), catorce (14) Comunidades Nativas se encuentran en las etapas finales del proceso de reconocimiento de sus derechos territoriales.
Durante este procedimiento hay que resaltar la participación de las Organizaciones Nativas a través de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM).
“La población de las Comunidades Nativas en la región ha logrado mucho en materia de acceso a los servicios básicos, cerrando la brecha de asistencia escolar primaria entre los niños indígenas. Asimismo se aprobaron marcos jurídicos para abordar sus necesidades y derechos, lo cual es fundamental para una mayor inclusión en la toma de decisiones y diseño de políticas en la región”, expresó José Reátegui Vega director regional de Agricultura San Martín.
Lo que se trata es apoyar sus prioridades establecidas para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios de salud, agua y saneamiento en base a sus necesidades para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y coordinación entre las autoridades de los gobiernos nacional y regional con las autoridades de las comunidades para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural y sostenibilidad de la inversión en estos territorios, dijo el funcionario.
