La educación intercultural no es un favor institucional, sino un derecho fundamental que exige voluntad política, respeto presupuestal y dignidad para quienes forman el futuro de los pueblos originarios.

En un contundente pronunciamiento público del 16 de septiembre de 2026 en San Lorenzo las principales organizaciones representativas de la provincia de Datem del Marañón se han declarado en estado de alerta y movilización permanente.

La medida de fuerza y protesta social está encabezada por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI), la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas de San Lorenzo (CORMI), la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Intercultural Bilingüe del Perú (SUTEIBP) – Base Datem del Marañón, además de la organización NANKI, Gobiernos Autónomos Territoriales y autoridades Apus, Waan y Curacas de los siete pueblos originarios de la zona (Achuar, Awajún, Chapra, Kandozi, Kichwa, Shawi y Wampis).

Las comunidades denuncian una demora injustificada y falta de voluntad política por parte del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para concretar la efectiva implementación y funcionamiento con presupuesto de la UGEL Datem del Marañón Intercultural Bilingüe, situación que vulnera los derechos colectivos consagrados en la Constitución Política del Perú sobre los Derechos los Pueblos Indígenas. Asimismo, los líderes firmantes denunciaron un grave retraso en el cumplimiento de los pagos correspondientes a los meses de junio, julio y agosto destinados a los formadores y docentes del Programa de Profesionalización Docente, desarrollado en convenio interinstitucional entre el EESPP – Loreto, FORMABIAP y el GOREL.

Ante esta crisis que debilita el aprendizaje y amenaza la estabilidad laboral de los maestros, las organizaciones exigen la transferencia de funciones, la cancelación inmediata de los haberes devengados y la instalación urgente de una mesa de diálogo de alto nivel para garantizar soluciones concretas antes de que el conflicto escale a mayores consecuencias institucionales y sociales en la región.

La verdadera inclusión educativa se mide con presupuestos cumplidos y respeto irrestricto a la voz de los pueblos originarios; ignorar las demandas de la Amazonía es postergar el desarrollo de todo el país.