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lunes, febrero 17, 2025
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“Un hombre no viola, un estado no viola” arroja graves índices de ataques sexuales

sexuales

Según datos estadísticos entregados por la organización DEMUS, el Colectivo Mujeres Lideresas por el acceso a la Justicia (FEMUCARINAP) y la Asociación PRODEMU, como parte de la campaña “Un hombre No Viola, Un Estado No Viola”, se desprende terribles datos de agresiones sexuales contra mujeres, en su mayoría menores de edad.

En conferencia de prensa fue María Quintana Ynga, mujer lideresa por el Acceso de la Justicia, dijo que en San Martín el Ministerio Público reporta 142 denuncias por delitos contra la libertad sexual en el 2014. De estas 142 denuncias 27 son delitos de violación sexual. La Policía Nacional del Perú tiene registro de 171 denuncias de violación sexual también en el 2014.

Según la policía las más afectadas son las mujeres representando un 91,2 por ciento. Dentro del grupo de mujeres víctimas de violencia sexual el grupo mayoritario son niñas y adolescentes. En 2014 el 76,3 por ciento de las víctimas eran mujeres menores de edad.

Otro ente que aportó con datos estadísticos ha sido el Centro de Emergencia Mujer (CEM) indica que en el 2013 atendió 273 casos de violencia sexual; en el 2014 fueron 191 atenciones. Asimismo, que en San Martín existe uno de los porcentajes más altos de violaciones sexuales ocurridos en espacios considerados seguros con un 42,1 por ciento por encima del promedio nacional en tercer lugar después de Lima y Arequipa.

Sobre el uso de la Cámara Gesell se confirmó que en el 2013 San Martín contaba con tres, en el 2014 bajo a dos y en la actualidad, según el Ministerio Público se mantienen ese número de Cámaras, pese que el número de atenciones creció de 13 a 25, cifra pequeña en relación al número de denuncias recibidas por el Ministerio Público. Además que solo existen tres defensores públicos, que solo han podido atender, el año pasado, 17 víctimas de violación sexual, representando solo el 11 por ciento del total de las denuncias.

Por esas razones hacen un llamado de atención al Estado peruano (Poder Ejecutivo, Legislativo y al sistema de justicia) debido a las alarmantes cifras de violencia sexual en el país y en la región, ya que no hay avances a nivel de leyes ni medidas para garantizar el acceso a la justicia en estos casos o un incremento sustancial del presupuesto en políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

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