Una maraña burocrática y reclamos infundados truncaron la adquisición vital de equipos“Bambi Bucket”, dejando a la institución castrense desarmada frente a una crisis ambiental que ya arrasa miles de hectáreas en todo el país.
Según da cuenta un informe del Diario La República, una grave controversia sacude al sector defensa tras revelarse que el Gobierno quitó el dinero destinado a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la adquisición de equipamiento para la extinción de incendios forestales, dejando a la institución con solo 4 helicópteros acondicionados con sistemas «Bambi Bucket» cuando necesita al menos 10 para enfrentar la ola de incendios forestales.
Según una investigación periodística y firmada por Ángel Páez, el proyecto inicial contemplaba dotar de estos sistemas a 7 helicópteros rusos Mi-17 y Mi-171-Sh y a 3 aeronaves norteamericanas Bell 212/412 adscritas al Grupo Aéreo N°3, ubicado en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en el Callao. La debacle en el proceso de compras comenzó cuando la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) convocó a una licitación internacional que otorgó la buena pro a la empresa canadiense SEI Industries por un monto de US$1.676.379, superando a sus competidoras AG-AIR Systems y JA2 Company. Sin embargo, el 15 de julio, la empresa SEI Industries presentó un reclamo infundado ante la ACFFAA y, al no obtener respuesta, acudió el 16 de agosto al Organismo Supervisor de las Contrataciones Públicas (OSCE), organismo que el 19 de agosto declaró fundada la queja de forma temporal pese a la falta de sustento técnico. Aunque el Comité de Selección de la ACFFAA determinó que el reclamo era infundado y se aprestaba a firmar el contrato el 9 de julio, la presión burocrática y los enredos normativos terminaron por desbaratar la adquisición.
En un giro alarmante, el 16 de julio el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori reencauzó los recursos asignados para la compra mediante el Decreto Supremo N°155-2026-EF, transfiriendo los fondos a la Reserva de Contingencia del Año Fiscal 2026, desprotegiendo por completo a la FAP. La gravedad de esta decisión administrativa contrasta dramáticamente con la realidad en campo: de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en lo que va del 2026 se han reportado 437 incendios forestales con daños, registrándose 11 incendios activos y 13 controlados, con una pérdida devastadora de 1.178 hectáreas de cultivos y 11.779 hectáreas de pastos. Ante esta crítica situación, resulta impostergable que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) restituyan de manera urgente los fondos presupuestales recortados a la FAP, dejando sin efecto la transferencia a la Reserva de Contingencia para viabilizar la compra inmediata de los 10 sistemas «Bambi Bucket» requeridos.
Asimismo, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) debe agilizar los procesos de adjudicación directa bajo regímenes de excepción por emergencia nacional, blindando los contratos frente a recursos burocráticos dilatorios, mientras que el Organismo Supervisor de las Contrataciones Públicas (OSCE) tiene el deber de establecer filtros estrictos para inadmitir recursos impugnatorios carentes de sustento técnico que pongan en riesgo la vida y los recursos naturales. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) deben potenciar el monitoreo satelital en tiempo real para guiar de forma eficiente a los 4 helicópteros operativos con los que actualmente cuenta la FAP mientras se adquiere el equipamiento faltante.
La ineptitud burocrática y el recorte presupuestal no solo vulneran la capacidad operativa de nuestras fuerzas del orden, sino que condenan a la indolencia a nuestros bosques y agricultores, demostrando que la verdadera catástrofe a veces no nace en la naturaleza, sino en los escritorios del Estado.
