La sucesora de Javier Arévalo por el periodo 2025-2026 se refirió a leyes acusadas de interferir en la independencia de poderes. Adelantó que su gestión será de puertas abiertas, con el fin de trabajar en conjunto a fin de corregir lo que no dé resultados.
Janet Tello Gilardi, elegida como la nueva presidenta del Poder Judicial del Perú para el periodo 2025-2026 en reemplazo de Javier Arévalo, adelantó lo que espera de su gestión. En línea de implementar una política de puertas abiertas, invocó al Congreso de la República a trabajar en conjunto, sobre todo en la elaboración de leyes que tengan incidencia en su institución.
“Somos los jueces quienes tenemos las experiencias y la práctica [para opinar sobre algunas iniciativas relacionadas con el ejercicio judicial] porque a veces se toman decisiones que no necesariamente resultan adecuadas a nuestra realidad. […] Tenemos la aplicación de algunas normas que no dan los resultados que se esperan”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.
“La posición que tenemos es desde la defensa de la independencia de nuestra institución, como un poder pilar a la democracia en equivalencia constitucional. Somos quienes sostenemos la democracia en el país y es necesario revisar las competencias establecidas en la Constitución”, agregó.
En esa línea, indicó que cuando existe un trabajo en conjunto se logran grandes beneficios, como es la ley de servicio itinerante, una norma promovida por los jueces y aprobada por el Congreso, que ha logrado que la justicia llegue a lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema.
“Somos quienes sostenemos la democracia en el país y es necesario revisar las competencias establecidas en la Constitución. Vamos a tomar las propuestas con mucha calma, lo que estamos pidiendo es que cada vez que se tome la decisión en espacios como el Legislativo que tenga incidencia en la labor de los jueces, creo que es un deber de los congresistas escuchar las voces de nosotros”, insistió.
Experiencia y trayectoria
Tello Gilardi, de 62 años, es natural de Arequipa y, hasta antes de su elección, presidía la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la PUCP y es egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Además de contar con diplomados en Gestión Pública, Gestión de Presupuesto Público y en Derecho Ambiental, entre otros, la magistrada es docente en la maestría en Derechos Humanos en la Escuela de Postgrado de la PUCP.