El fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada advierte que la deforestación avanza rápidamente en las cuencas de los ríos Marañón y Santiago y reclama liderazgo político, estrategia, presupuesto y una participación más activa de las Fuerzas Armadas para enfrentar la minería ilegal, que acelera la pérdida de bosques y amenaza los ríos de la Amazonía.

Luego de realizar un sobrevuelo por las cuencas de los ríos Marañón y Santiago, el fiscal superior titular Jorge W. Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y coordinador del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos, expresó su preocupación por el avance de la minería ilegal y la acelerada destrucción de la Amazonía.

En entrevista con Voces, sostuvo que es la primera vez que, en su condición de jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, realiza un sobrevuelo por esta zona y que lo observado constituye una seria advertencia para el Estado. “Lo que he observado es una gran deforestación que existe de la selva por parte de la minería ilegal”, señaló, antes de advertir que, si no se adoptan medidas concretas, la situación podría terminar siendo incluso peor que la registrada en Madre de Dios. Para Chávez Cotrina, el problema ya no puede ser abordado únicamente desde la perspectiva de la persecución penal, sino que requiere una decisión política, una estrategia integral, recursos suficientes y liderazgo para enfrentar a las organizaciones vinculadas a la minería ilegal. “Si no hay un compromiso, lamentablemente vamos a terminar peor que Madre de Dios. Así empezó Madre de Dios. Ahora estamos en el río Santiago, río Marañón y otras zonas de la selva norte del país”, afirmó.

El fiscal describió como preocupante el estado de las zonas observadas durante el sobrevuelo. Según explicó, existen sectores prácticamente deforestados, con una transformación radical del paisaje amazónico producto de la actividad extractiva. “Hemos visto zonas que están prácticamente deforestadas, como si hubieran dinamitado parte de nuestra selva”, manifestó, lamentando que a pocos metros de los ríos puedan observarse áreas completamente devastadas. Para el fiscal, esta situación evidencia que la respuesta del Estado debe ser inmediata y articulada, antes de que el daño ambiental y la expansión de las actividades ilegales alcancen una dimensión difícil de revertir.

Al referirse a San Martín, una región afectada por la agricultura migratoria, la tala ilegal, el tráfico de tierras y, más recientemente, por el avance de actividades vinculadas a la minería ilegal, Chávez Cotrina consideró que es necesario adoptar medidas drásticas. Planteó incluso la necesidad de evaluar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas donde esta actividad criminal viene expandiéndose. “Ya es hora de militarizar las zonas donde se está produciendo la minería ilegal: desde Madre de Dios, San Martín, Pucallpa, Iquitos, Cajamarca… donde está ingresando con fuerza la minería”, sostuvo.

Su argumento parte de una limitación que, según explicó, enfrenta actualmente la Policía Nacional del Perú, institución que no contaría con los recursos logísticos, tecnológicos ni con el personal suficiente para responder a la magnitud del fenómeno. Una situación similar, agregó, se presenta en el Ministerio Público, que tampoco dispone de los recursos necesarios para garantizar la presencia de fiscales en los lugares y momentos donde se requiere su intervención. “La policía ya no puede ganar esta guerra sola. Por eso es necesaria la presencia del Ejército y de las Fuerzas Armadas en toda esta zona”, enfatizó.

Es hora de terminar con el REINFO

La preocupación se extiende hacia el sur de San Martín, particularmente en zonas como Shunté y Tocache, territorios que han sufrido episodios de violencia y que, según la preocupación planteada durante la entrevista, podrían estar recibiendo parte de las actividades mineras desplazadas desde otras regiones. Frente a la posibilidad de que se esté produciendo en San Martín un denominado “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de la minería ilegal hacia nuevos territorios como consecuencia de las acciones de control en otras zonas, el fiscal cuestionó el uso de mecanismos de formalización que podrían terminar siendo aprovechados para encubrir actividades ilegales. En ese sentido, se refirió al REINFO y sostuvo que no debería continuar utilizándose de una manera que permita a organizaciones dedicadas a la minería ilegal ampararse en permisos destinados originalmente a actividades de minería formal o artesanal. “Ya es hora de terminar con el REINFO”, afirmó, planteando la necesidad de que el Gobierno realice un estudio integral para impedir que estos mecanismos sean utilizados de manera indebida.

Sobre las concesiones vinculadas a la minería formal en cabeceras de cuenca de San Martín, Chávez Cotrina consideró indispensable que el Estado verifique directamente lo que está ocurriendo en territorio. Recordó que el sobrevuelo permitió comprobar visualmente la dimensión del problema y sostuvo que las instituciones públicas deberían realizar acciones similares para contar con información actualizada y objetiva. En particular, pidió al comisionado contra la minería ilegal adoptar acciones urgentes y evitar que continúe el deterioro de las zonas amazónicas y de cabecera de cuenca.

La preocupación también alcanza al escenario político y social que podría generarse en San Martín, especialmente ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales y el riesgo de que la expansión de la minería ilegal genere nuevos conflictos sociales. Para el fiscal, los candidatos y dirigentes políticos tienen una responsabilidad directa frente a la protección ambiental. Consideró que cada aspirante a un cargo público debería presentar un plan de gobierno concreto para enfrentar la deforestación y proteger los recursos naturales de su región. Pero, además del discurso, reclamó liderazgo, compromiso y presupuesto, porque las estrategias y las normas resultan insuficientes cuando no están acompañadas de recursos para ejecutarlas. “Nosotros podemos tener liderazgo, podemos tener estrategia, pero sin presupuesto usted no hace nada”, afirmó.

En esa línea, Jorge Chávez Cotrina cuestionó que la respuesta frente a la minería ilegal se concentre únicamente en la aprobación de nuevas leyes. Recordó que el Perú tiene más de 50 mil leyes y sostuvo que las normas penales, por sí solas, no resolverán un problema cuya dimensión requiere decisiones administrativas eficaces y una acción coordinada del Poder Ejecutivo. “Las leyes penales no resuelven el problema. El problema lo tiene que resolver el Ejecutivo con normas administrativas de carácter eficiente y eficaz”, manifestó.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno de la presidente Fujimori impulse ante el Legislativo políticas de flexibilización para intervenir en áreas naturales protegidas, el fiscal evitó centrar su respuesta en una medida específica y volvió a colocar el énfasis en lo que considera las condiciones indispensables para enfrentar la problemática: liderazgo, estrategia y presupuesto. “Sin eso usted no hace nada”, remarcó. Su mensaje, después del sobrevuelo sobre las cuencas de los ríos Marañón y Santiago, es una advertencia sobre la velocidad con la que la minería ilegal y la deforestación avanzan sobre la Amazonía y sobre la necesidad de que el Estado actúe antes de que territorios hoy amenazados terminen siguiendo el mismo camino de Madre de Dios.

La advertencia de Jorge Chávez Cotrina coloca al Estado frente a una decisión ineludible: actuar ahora con liderazgo, estrategia y presupuesto para proteger la Amazonía, o permitir que la minería ilegal siga ganando territorio hasta que el daño sea irreversible. Por: Beto Cabrera Marina