En defensa de su autonomía, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dijo no a la propuesta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través del Estatuto de la Sala Penal Nacional, para pasar los casos por lavado de activos, provenientes de corrupción estatal, al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Esto supone un directo enfrentamiento con el presidente del Poder Judicial, quien también encabeza el Consejo Ejecutivo, Duberlí Rodríguez Tineo. En la tarde, en conferencia de prensa, el presidente del PJ reiteró que ningún juez es dueño de los casos y que los procesos vinculados a Odebrecht deben pasar al sistema que encabeza la jueza superior Susana Castañeda Otsu.
El miércoles, el CEPJ publicó el Estatuto de la Sala Penal Nacional, que la convierte en Corte Superior de Justicia. En esta norma administrativa se dispone que los casos de lavado de activos por corrupción, es decir, todos los procesos vinculados al caso Odebrecht, deben pasar al Sistema Anticorrupción.
La medida sorprendió a los jueces. Además, dicha norma dispuso solicitar al Consejo Nacional de la Magistratura que saque a concurso público todas las plazas de jueces especializados y superiores de los juzgados y tribunales de la Sala Penal Nacional.
Esto supone que en los próximos meses, posiblemente en abril, el juez Concepción Carhuancho y sus colegas dejarán de laborar en la Sala Penal y deberán regresar a sus despachos de origen, muchos en provincias. “Eso para mí supone una pérdida de confianza de los órganos de gobierno del Poder Judicial, para mí y mis colegas”, declaró Concepción Carhuancho.
La investigación al expresidente Alan García permitió al juez pronunciarse sobre el contenido del Estatuto de la Sala Penal Nacional. Hace una semana, la defensa del ex ministro Aurelio Pastor había pedido un control de plazo de la investigación de la fiscalía.
El juez convocó a la audiencia sin conocer la publicación del mencionado estatuto. Ayer, cuando Pastor se presentó con su abogado, César Nakazaki, este pidió que primero se debata si Concepción Carhuancho todavía podía ver este caso.
El magistrado aceptó y luego de tres horas de debate resolvió. El juez consideró que el estatuto concede atribuciones al Sistema Nacional Anticorrupción que no están previstos en la ley. Una resolución administrativa no podía cambiar una ley.
Además, dijo que la sala ya había tomado conocimiento de los casos vinculados con Odebrecht y ya iniciado el procedimiento no se puede cambiar la competencia de un magistrado, porque esto viola el principio del juez natural.
Subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó cuando la Sala Penal Nacional ya había tomado conocimiento de estos casos, por lo que reiteró que seguía siendo competente para ver el caso García. Si bien esta resolución es sobre la investigación al expresidente García, al tratarse de investigaciones con presupuestos similares lo mismo aplica para las investigaciones al caso de la Interoceánica, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala-Nadine Heredia.
La defensa de Pastor apeló y la decisión del juez será revisada por una Sala Superior. Antes le dieron la razón, ahora es difícil saber.
El presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, afirmó que los jueces de la Sala Penal Nacional deben entregar los casos vinculados a Odebrecht al Sistema Anticorrupción, pues lo contrario genera anarquía.
Anotó que esto ya debería haber sucedido en abril pasado. “Lamentablemente algunos jueces de la Sala Penal se declararon dueños del caso Odebrecht y se pusieron en rebeldía”, indicó.
bada por el Consejo Ejecutivo.