Integrantes de la Junta de Resolución de Disputas explicaron en Tarapoto los alcances de la renuncia colectiva y pidieron evitar direccionamientos que afecten la transparencia en las contrataciones del Estado.
En medio de las controversias surgidas alrededor de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) y el Gobierno Regional de San Martín, los integrantes del colegiado ofrecieron declaraciones públicas en la ciudad de Tarapoto, donde expusieron los argumentos que sustentan sus recientes decisiones y remarcaron la necesidad de respetar el principio de libre competencia en los procesos vinculados a obras públicas.
Durante el diálogo con la prensa, los representantes de la JRD señalaron que actualmente existen diversas ofertas de centros de arbitraje y juntas de resolución de disputas promovidas por colegios profesionales, universidades e instituciones privadas, todas habilitadas para participar dentro del marco legal establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
En ese contexto, advirtieron que cualquier intento de direccionar decisiones o excluir a determinados centros podría vulnerar uno de los principios esenciales de la contratación pública: la libre competencia.
“Todos compiten en igualdad de condiciones y son sus servicios y eficiencia los que deben prevalecer. Cualquier mecanismo que pretenda dejar de lado a un centro no está acorde con este principio”, señalaron durante la exposición pública.
Asimismo, indicaron que las eventuales responsabilidades funcionales deberán ser evaluadas por las instancias correspondientes, aunque insistieron en que la normativa nacional ya establece con claridad la obligación de respetar la competencia abierta y transparente en todos los niveles del Estado.
Renuncia colectiva y riesgo para la continuidad técnica
Respecto a la renuncia colectiva de los tres adjudicadores que conformaban la JRD en una obra actualmente en ejecución, los voceros explicaron que, como consecuencia de esta decisión, el colegiado quedó formalmente disuelto.
Sin embargo, precisaron que tanto la entidad pública como la empresa contratista mantienen expedito su derecho de iniciar el procedimiento de sustitución de los miembros de la junta, a fin de restablecer el mecanismo de prevención y solución de controversias en la obra.
“El procedimiento depende ahora de las partes. Cada una podrá elegir nuevamente a un adjudicador de la nómina correspondiente para conformar una nueva JRD”, manifestaron.
Los especialistas remarcaron que, si bien la obra continúa en ejecución, la ausencia prolongada de una nueva junta podría generar riesgos en la atención oportuna de controversias técnicas o contractuales que surjan durante el desarrollo del proyecto.
Aunque aclararon que la normativa no fija un plazo específico para la reposición del colegiado, recomendaron que el proceso se concrete en el menor tiempo posible para garantizar la continuidad técnica y la estabilidad contractual de la obra.
Una controversia que abre debate institucional
El escenario generado en torno a la JRD y el Gobierno Regional de San Martín vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la cultura de transparencia, institucionalidad y confianza en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Más allá de las diferencias técnicas o administrativas, especialistas coinciden en que la ciudadanía espera que las obras públicas avancen con reglas claras, imparcialidad y respeto al marco legal, evitando que las disputas terminen afectando directamente el interés colectivo y el desarrollo regional.
