Cuando nos enteramos de algunos hechos que ponen en riesgo la salud de la población o cuando vemos pasar los camiones cargados de madera hacia la costa, nos preocupamos y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuidamos nuestro medio ambiente? La respuesta es siempre “nosotros hacemos lo que podemos…pero hay otras autoridades que hacen poco”. Hay agrupaciones que realizan acciones para cuidar nuestros recursos naturales, y aplaudimos. Lo que falta difundir es quién fiscaliza o quién juzga las malas prácticas contra el medio ambiente. Hay dos instancias dedicadas a estos menesteres. El Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) para hechos administrativos; y el Poder Judicial cuando hay delito, con sus Juzgados especializados que son doce a nivel nacional pero que, en San Martín, no existe, por ahora.
La OEFA se encarga de gestionar los conflictos socioambientales, es decir, tiene como objetivo coordinar o coadyuvar en la gestión de aquellas controversias y conflictos vinculados a su competencia, a fin de optimizar las acciones de prevención, priorización, tratamiento y seguimiento orientadas hacia un enfoque de procesos, promoviendo el uso e implementación de sistemas y tecnologías de la información y fomentando el conocimiento e investigación en dicha materia. Entonces, su Misión es “Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar social” y su Visión que tiene el Ministerio del Ambiente es: “Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos”. Por ello sus lineamientos de política son: (1) Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas críticas de alta conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad de zona productiva. (2) Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y permitir la coordinación e intercambio de información. (3) Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la Fiscalización Ambiental. (4) Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental. (5)Asegurar la efectividad en la gestión institucional.(6) Retroalimentar a sus organismos descentralizado(el SINEFA, SEIA y SNGA) y (7)Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública. Sus objetivos estratégicos institucionales son:-Fortalecer el desempeño del SINEFA-Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables-Modernizar la gestión institucional-Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres. La Oficina Desconcentrada de OEFA San Martín está ubicada en Tarapoto.
El Poder Judicial desarrollará el III Congreso Internacional de Justicia Ambiental y donde asistirán más de 200 jueces , que se reunirán en Tarapoto, el 5 y 6 de septiembre, para fortalecer las capacidades de los jueces y juezas en la aplicación especializada de la justicia ambiental. Con ello la judicatura nacional pretende también continuar con las acciones de defensa y protección del medio ambiente, así como lograr una eficiente reforma y modernización de la justicia ambiental. Estará presente el juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo, promotor de este evento y autor de teoría académica sobre el tema. Los asistentes, son jueces de todas las instancias jerárquicas que, durante los dos días que dure el congreso, intercambiarán información, experiencia y conocimientos para brindar un mejor servicio de impartición de justicia a la comunidad. Su primer objetivo es mejorar su desempeño y ejercer la función jurisdiccional; en tanto que un segundo objetivo se circunscribe al mejoramiento del acceso y, a la aplicación especializada y eficiente de la justicia ambiental en las corte superiores; esto por medio de la creación de juzgados especializados en material ambiental. Se deberá concluir en un diagnóstico situacional del Poder Judicial para la elaboración de un Presupuesto por Resultados para el 2020.