La elección de 2026 no solo define al próximo presidente del país, sino también el rumbo de sectores estratégicos como minería, infraestructura y energía. Mientras KeikoFujimoriasegura el primer lugar, el país espera conocer quién disputará con ella la presidencia en junio.

La candidata conservadora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se consolidó en el primer lugar de las elecciones presidenciales de Perú y aseguró su pase a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 7 de junio, en una jornada marcada por la fragmentación del voto y la expectativa por el rival que enfrentará en la fase decisiva. Con el 73,6 % de actas contabilizadas, la hija del exmandatario Alberto Fujimori alcanzaba el 16,9 % de los votos válidos, una cifra suficiente para encabezar la contienda, aunque aún lejos de una mayoría absoluta.

La disputa por el segundo lugar se mantenía abierta entre el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, representante de la derecha y líder de Renovación Popular, quien registraba 12,9 %, y el candidato de centroizquierda Jorge Nieto, que sumaba 11,9 %. La diferencia estrecha entre ambos refleja un electorado dividido y un escenario político que confirma la volatilidad de los últimos procesos electorales en el país. Ningún postulante logró superar el umbral del 50 % más uno de los votos, por lo que la legislación peruana obliga a una nueva jornada electoral para definir al próximo jefe de Estado.

Pero más allá de los nombres en competencia, lo que está en juego es la conducción de una economía que enfrenta oportunidades históricas y obstáculos persistentes. Uno de los sectores más observados es la minería, motor tradicional del crecimiento peruano. En 2026, la actividad extractiva avanza en medio de una fuerte incertidumbre política y regulatoria que ha ralentizado importantes proyectos. Iniciativas emblemáticas como Zafranal han sido postergadas, mientras Tía María continúa bajo revisión. Sin embargo, el sector mantiene cierto dinamismo gracias a expansiones operativas, optimizaciones y proyectos brownfield, que permiten sostener la producción y el flujo de exportaciones en el corto plazo.

En paralelo, la infraestructura aparece como otro eje central para el próximo gobierno. Perú mantiene una cartera activa de proyectos mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos, con inversiones orientadas al transporte, agua potable y saneamiento. Destacan licitaciones millonarias y proyectos regionales que podrían cerrar brechas históricas. Entre ellos figura una agenda valorizada en US$ 685 millones en obras por impuestos y programas de agua potable que beneficiarían a más de 280 mil ciudadanos en Tumbes. No obstante, la inestabilidad política y los constantes cambios de gobierno generan dudas sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos y sostener la confianza de los inversionistas.

La discusión también alcanza al sistema aeroportuario y portuario. La reciente controversia por nuevas tasas aeroportuarias ha despertado cuestionamientos sobre la competitividad de Lima como hub regional, mientras especialistas advierten que países vecinos podrían aprovechar cualquier retroceso peruano. En contraste, los puertos nacionales muestran avances relevantes y se proyectan más de US$ 206 millones en infraestructura portuaria concesionada para este año, consolidando la posición estratégica del país en el Pacífico sudamericano.

Otro frente decisivo es el de la energía eléctrica, donde Perú exhibe señales positivas de transformación. Las energías renovables no convencionales continúan ganando espacio y, por primera vez, la energía solar ha superado a la eólica en capacidad instalada. Nuevos proyectos fotovoltaicos y parques eólicos avanzan especialmente en el norte y sur del país. Entre ellos resalta una inversión de US$ 160 millones para fortalecer la generación eólica, así como la apuesta de Statkraft con un proyecto de US$ 487 millones.

El crecimiento energético se complementa con una robusta agenda de transmisión eléctrica. El Estado prevé licitar 8 proyectos por más de US$ 675 millones, mientras la hoja de ruta de largo plazo supera los US$ 1.300 millones en inversiones. A ello se suma el reacondicionamiento de la hidroeléctrica Machupicchu, de 193 MW, muestra de que la matriz energética peruana busca diversificarse sin abandonar sus activos históricos. El desafío, sin embargo, será integrar estas nuevas fuentes renovables al sistema nacional sin afectar la estabilidad operativa ni la seguridad del suministro.

Así, la segunda vuelta no solo enfrentará a dos candidaturas, sino a dos visiones sobre cómo administrar un país con enorme potencial y profundas brechas pendientes. La ciudadanía no elegirá únicamente a un presidente: decidirá quién tendrá la responsabilidad de devolver gobernabilidad, atraer inversiones y convertir el crecimiento económico en bienestar real para millones de peruanos.