El nuevo mapa político enfrenta una prueba concreta en San Martín y en toda la Amazonía: gobernar no será demostrar quién tiene más poder, sino quién tiene capacidad para convertir recursos en obras, servicios y oportunidades para la población.

El Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos subnacionales tienen que revisar una vieja práctica muy costosa: un Estado que consume recursos en lugar de convertirlos en obras, servicios y oportunidades para la población.

La reflexión del economista Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), parte de un ejemplo sencillo: una fábrica puede comprar más materia prima, pero si su maquinaria llegó al límite de producción, acumular insumos no resolverá el problema. Algo parecido ocurre con la inversión pública peruana. En 2013, el presupuesto para inversión fue de S/ 44,4 mil millones y se ejecutaron S/ 32,2 mil millones. En 2019, el presupuesto subió a S/ 51,2 mil millones, pero la ejecución apenas llegó a S/ 33,2 mil millones. Más dinero, prácticamente la misma capacidad para convertirlo en obras.

La pregunta para el nuevo ciclo político es inevitable: ¿seguiremos aumentando el presupuesto sin reformar la maquinaria estatal que debe ejecutarlo?

En laAmazonía, el problema adquiere otra dimensión. Aquí las brechas no son estadísticas. Tienen rostro.Una comunidad sin agua segura, un centro de salud sin capacidad resolutiva, una carretera que se vuelve intransitable con las lluvias, una escuela que espera años por infraestructura o un productor que no puede sacar su cosecha representan oportunidades perdidas y vidas condicionadas por la lentitud del Estado.

Y esa lentitud no siempre se explica por falta de recursos. También responde a expedientes que se entrampan, permisos que se multiplican, funcionarios que rotan, decisiones que nadie quiere asumir y procedimientos diseñados más para protegerse de la responsabilidad que para resolver los problemas.

Los viejos vicios de la burocracia estatal no desaparecieron, están ahí más vigentes, “más astutos”. En muchos casos, se han potenciado. El Estado terminó construyendo una estructura que puede consumir buena parte de su energía en administrarse a sí misma. Eso debe revisarse.

El Estado no es una agencia de empleos improductiva. Su razón de ser es prestar servicios, garantizar derechos, impulsar desarrollo y utilizar correctamente los recursos públicos. Cada plaza, cada oficina y cada procedimiento debería responder a una pregunta elemental:¿qué valor genera para el ciudadano?

La nueva configuración política surgida de las elecciones regionales y municipales abre una oportunidad para discutir esta cuestión sin prejuicios partidarios. Los gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en 2027 necesitarán una relación distinta con el Ejecutivo y el Congreso. No pueden encontrar en Lima una muralla burocrática cada vez que intenten destrabar una inversión;pero tampoco pueden pretender que la descentralización signifique administrar recursos sin capacidad técnica, planificación ni rendición de cuentas.

El Ejecutivo tendrá que demostrar si entiende la descentralización como una verdadera política de Estado o si continuará concentrando decisiones y condicionando recursos. Los nuevos gobernadores y alcaldes, por su parte, deberán demostrar que tienen equipos capaces de formular, ejecutar y supervisar proyectos. Ni Lima puede seguir mirando a las regiones desde el escritorio, ni las regiones pueden seguir esperando que Lima les resuelva todo.

En la Amazonía esta coordinación es todavía más urgente. Los grandes proyectos de conectividad, agua, saneamiento, salud, educación, infraestructura productiva y protección ambiental requieren articulación entre niveles de gobierno. Ningún ministerio, gobierno regional o municipalidad puede resolver por separado los problemas de un territorio tan extenso y complejo.

Por eso, la agenda del próximo periodo debería comenzar con una decisión política sencilla: coordinar sin condicionamientos. Ejecutivo y gobiernos subnacionales tienen que sentarse a identificar qué proyectos están trabados, por qué están trabados y quién tiene la responsabilidad de destrabarlos. Sin discursos, sin disputas de competencias y sin utilizar el presupuesto como herramienta de premio o castigo político.

También el Congreso tiene una responsabilidad. Más leyes no necesariamente significan mejor Estado. El país necesita normas que reduzcan obstáculos innecesarios, mejoren la gestión y establezcan controles eficaces, no una maraña normativa que termine paralizando a quienes deben ejecutar.

La discusión tributaria planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe ubicarse dentro de esa realidad. El Perú necesita mejorar su recaudación, pero antes de pedir más recursos a ciudadanos y empresas debe responder con claridad para qué se necesitan y qué capacidad existe para utilizarlos. Si el dinero adicional termina financiando una estructura pública cada vez más pesada, el problema no se habrá resuelto.

La Amazonía no necesita promesas de miles de millones que después quedan atrapadas en el camino. Necesita que los recursos lleguen a agua, saneamiento, hospitales, escuelas, caminos, conectividad, agricultura, turismo, conservación y seguridad. Necesita un Estado que conozca el territorio y que no obligue a una comunidad de la selva a esperar años para obtener una respuesta que en Lima puede resolverse en semanas.

El nuevo mapa político tiene ante sí una prueba concreta. Gobernar no será demostrar quién tiene más poder, sino quién tiene mayor capacidad para resolver. Si el Ejecutivo, el Congreso, los gobernadores y alcaldes entienden que la población no votó para ampliar la burocracia sino para mejorar su vida, habrá una oportunidad real de cambiar las cosas.

La Amazonía ya esperó demasiado. No necesita más oficinas que administren sus problemas, sino instituciones capaces de resolverlos. Menos burocracia improductiva, más gestión; menos condicionamientos, más coordinación; menos presupuesto dormido, más obras. Ese debería ser el verdadero pacto del nuevo poder político con la Amazonía.