Retrasos electorales exponen fallas logísticas, decisiones cuestionadas y una crisis de confianza

Lo ocurrido durante la jornada electoral no solo dejó mesas sin instalar y ciudadanos esperando. También abrió preguntas de fondo sobre cómo una institución clave del sistema democrático permitió que una cadena de errores operativos derivara en una crisis nacional.

La explicación oficial señaló en un primer momento a Servicios Generales Galaga, empresa contratada para el traslado del material electoral en Lima y Callao, como la principal responsable de los retrasos registrados el día de la elección. Sin embargo, conforme avanzaron las horas y aparecieron nuevos testimonios, la versión inicial comenzó a mostrar fisuras y el problema dejó de verse como una simple falla de un proveedor externo.

La ruta normal del despliegue establecía que el material electoral debía llegar entre viernes y sábado a cada local de votación, donde permanecería bajo custodia de las Fuerzas Armadas hasta la apertura de mesas. Esa última etapa, considerada crítica para garantizar el inicio ordenado del proceso, no se completó como estaba previsto.

Videos difundidos en redes sociales y declaraciones de trabajadores y conductores cambiaron el eje de la controversia. Según esas versiones, los camiones ya estaban cargados desde la víspera, listos para salir, pero permanecieron detenidos durante varias horas en Lurín debido a la ausencia de personal de la ONPE encargado de autorizar, recepcionar o supervisar la salida del material hacia los centros de votación.

Ese detalle complicó sostener que toda la responsabilidad recaía exclusivamente en la empresa contratista. El foco pasó entonces a la capacidad interna de coordinación y respuesta de la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución llamada precisamente a prevenir este tipo de contingencias en una jornada decisiva para el país.

La controversia se volvió aún mayor al conocerse que la Contraloría General de la República ya había formulado observaciones sobre la capacidad operativa de la empresa desde el 24 de marzo, es decir, casi tres semanas antes de la elección. Pese a ello, el contrato continuó sin cambios sustanciales.

Además, trascendió que Servicios Generales Galaga ya había recibido penalidades previas de la propia ONPE, y aun así fue seleccionada con una propuesta económica de S/ 6,368,332, superior incluso a otras ofertas más bajas presentadas durante el proceso de contratación. Ese dato abrió una nueva línea de cuestionamientos sobre los criterios utilizados para adjudicar un servicio tan sensible.

La crisis no tardó en trasladarse al terreno judicial. El lunes 13 de abril, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú intervino ante una presunta situación de flagrancia relacionada con la omisión o demora de actos funcionales. Como parte de esa diligencia fue detenido preliminarmente el entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas.

Tras cumplirse el plazo legal de la intervención, José Edilberto Samamé Blas recuperó su libertad, aunque continúa siendo investigado. Durante sus declaraciones, la línea de responsabilidades se amplió al señalar al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, como el funcionario encargado de monitorear y supervisar el cumplimiento del contrato con la empresa proveedora.

Con ello, la discusión dejó de centrarse únicamente en la ejecución del servicio y pasó a examinar la cadena interna de control, supervisión y toma de decisiones dentro de la entidad electoral.

En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, tres funcionarios adicionales de la ONPE y un representante de la empresa contratada. La acusación incluye tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

La gravedad de esas imputaciones refleja que el caso ya no se interpreta solo como un desorden administrativo. Lo que está en evaluación es si las deficiencias logísticas terminaron afectando un derecho fundamental: el voto de miles de ciudadanos.

Para especialistas en gestión pública, el episodio revela problemas más profundos. María Isabel Torres, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advierte que “una falla de esta magnitud revela debilidades profundas en la capacidad operativa del sistema electoral, especialmente en su fase logística”.

La observación resulta especialmente relevante por una razón: en procesos anteriores, los retrasos solían concentrarse en zonas rurales o de difícil acceso, donde las condiciones geográficas complicaban el traslado del material. Esta vez, en cambio, el colapso ocurrió en Lima Metropolitana, el espacio donde la logística debería ser más previsible, inmediata y controlable.

Esa es quizá la señal más preocupante que dejó la jornada. Si el sistema electoral no logró garantizar la apertura oportuna de mesas en la capital, donde se concentran recursos, personal y capacidad de reacción, el problema deja de ser un incidente puntual y se convierte en una alerta institucional.

Más allá de las investigaciones en curso y de las responsabilidades que determine la justicia, lo ocurrido expone una verdad incómoda: la fortaleza de la democracia no depende solo de contar votos, sino de asegurar que cada elección se desarrolle con eficiencia, transparencia y confianza pública. Cuando falla esa base operativa, no solo se retrasa una mesa; se erosiona la credibilidad de todo el sistema. Fuente: El Vigilante