El máximo organismo electoral cerró el paso a las leguleyadas que buscaban sacarle la vuelta a la Constitución Política, fijando una regla clara y vinculante para defender el espíritu de la no reelección inmediata.

En una lección contundente contra las estratagemas de la vieja política, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asestó un duro golpe a las pretensiones de Rafael López Aliagay de aquellos caudillos que pretendieron burlar la soberanía popular. Mediante la Resolución N.º 4557-2026-JNE, aprobada por la mayoría de su Pleno tras la revisión de oficio de 427 actas de proclamación de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el máximo organismo electoral cerró filas en torno alartículo 194 de la Constitución Política del Perú, estableciendo que la condición de primer regidor jamás podrá utilizarse como un puente o atajo para recuperar el sillón municipal cuando se ha ejercido el cargo de alcalde en el periodo inmediato anterior.

Los argumentos expresados por la postura mayoritaria del Pleno – y refrendados por los magistrados Burneo Bermejo, Gonzales Barrón y Torres Cortez junto a la secretaria general Clavijo Chipoco – sostienen con firmeza jurídica que la prohibición de reelección inmediata no es un mero adorno formal ni puede eludirse mediante subterfugios de postulación encubierta.

En sus considerandos resolutivos, el Pleno determinó expresamente que quien ejerció la alcaldía no podrá postular ni ser proclamado como alcalde de la misma circunscripción en el periodo siguiente, ni tampoco asumir el cargo por renuncia, exclusión o tacha del candidato titular, ni mucho menos mediante el régimen de sucesión o reemplazo. En tales circunstancias, la resolución dispone que los JEE efectúen una nueva proclamación y otorguen las credenciales al primer regidor hábil que siga en la orden de precedencia y que no arrastre impedimentos.

 Aunque los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce emitieron un voto en minoría cuestionando la extensión interpretativa del fallo en la recta final de la contienda electoral, la decisión sienta un precedente jurisprudencial inquebrantable a nivel nacional.

Las leyes se hicieron para respetarse y no para ser manipuladas al antojo de conveniencias personales, recordando a la clase política peruana que las astucias del momento jamás prevalecerán sobre el mandato superior de la Constitución.