Tribunal Constitucional del Perú evalúa una demanda histórica presentada por un grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 14 años.
Cuando los niños y niñas levantan la voz para defender su hábitat, nos recuerdan que la justicia ambiental no es un favor burocrático, sino el derecho sagrado de las futuras generaciones a heredar un hogar vivo, verde y con futuro.
El futuro de la Amazonía peruana se encuentra en un punto de inflexión decisivo mientras el Tribunal Constitucional del Perú evalúa una demanda histórica presentada por un grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 14 años que, en 2019, exigieron al Estado frenar la devastación forestal en las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín.
Respaldados por el Instituto de Defensa Legal y el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales (Kené), estos menores recurrieron a la justicia para frenar una crisis que amenaza su salud, su agua y su supervivencia. Para nutrir este debate, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Instituto Panamazónico presentaron un amicus curiae que traslada la valiosa experiencia de Colombia, país que hace ocho años – exactamente el 5 de abril de 2018 – vio cómo su Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos tras la demanda de 25 jóvenes frente a cifras alarmantes como la pérdida de 178.597 hectáreas de bosque en 2016.

Si bien aquel fallo impulsó la creación de mecanismos de control estatal y el Pacto Intergeneracional, la experiencia vecina también dejó lecciones vitales sobre los errores que el Perú debe evitar: no repetir la exclusión de los más de52 pueblos indígenas, evitar medidas punitivas o de militarización malinterpretadas como la fallidaOperación Artemisa, y garantizar una cogobernanza real que respete los sistemas de gobierno comunitarios frente a amenazas latentes como la deforestación, la minería ilegal y las economías ilícitas.
Por ello, las recomendaciones entregadas al tribunal peruano exigen órdenes claras, presupuestos, plazos cumplibles y un reconocimiento explícito de la selva como un ser vivo inseparable de quienes la han protegido ancestralmente.
“La Amazonía no sobrevive con promesas escritas en papel, sino con la valentía de quienes la habitan y la defienden. Cuando la infancia alza la voz por los bosques, los jueces y gobernantes tienen la obligación moral de escuchar: proteger la selva no es frenar el desarrollo, es garantizar que la vida siga latiendo en el corazón del planeta.”



