En enero de este año, el Congreso de la República publicó la Ley N°31973, cuyo propósito fue modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, con la finalidad de promover la zonificación de los bosques amazónicos dentro del territorio nacional.
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, advirtió que el planteamiento de la mencionada ley es grave, desregula el sector forestal, debilita lo poco que hay de institucionalidad estatal ambiental en materia forestal, favoreciendo claramente a aquellas personas que realizan actividades ilícitas como la tala ilegal.
Por su parte, el director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Capella Vargas, informó que tanto el MIDAGRI, MINAM, Defensoría del Pueblo y las organizaciones de pueblos indígenas han ido en contra, consideran a esta norma inviable técnicamente, vulnera la ley forestal y su reglamento.
Del mismo modo, Gustavo Suarez de Freitas, coordinador de Programa Perú en Earth Innovation Institute, evidenció que la ley no es suficientemente precisa en el ámbito de intervención, abre la posibilidad de que ocurran ocupaciones nuevas.
Expresó que, el objetivo manifiesto, en el debate de la norma, es que había que regular el problema de los agricultores que no tienen tenencia segura, que son verdaderamente posesionarios, que son gente que está en el campo y que no tienen derechos y el no tener derechos implica problemas al no tener como vincularse a una cadena productiva sostenible, acceder a financiamientos.
Suarez de Freitas, expresó que San Martín, es la región más agropecuaria de la Amazonía, y la que durante muchos años ha deforestado la mayor parte de su territorio.
Registra, dijo, un paisaje bastante transformado, con políticas implementadas por los gobiernos que han pasado, como: la zonificación económica, política territorial, una serie de acciones que han ayudado a reducir la deforestación.
Gustavo Suarez, manifiesta, asimismo, que el cambio de competencias del MINAM al MIDAGRI, no le preocupa, “me preocupa, que, amparándose en la ley, sea en base a lo que dice o en base a lo que se interpreta, se posesione gente sobre tierras que son bosques, deforesten y se amparen en esta ley” expresó.

DESTRUCCIÓN DE SAN MARTÍN TRAS LAS MODIFICATORIAS
El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, cuenta con 149 870 hectáreas y fue creado el 22 de diciembre de 2005, mediante Decreto Supremo 045-2005-AG.
“Cordillera Escalera, provee de agua a aproximadamente 300 mil personas que viven en las ciudades de Tarapoto, Lamas, Chazuta, Pongo de Caynarachi, Barranquita, San Roque, San Pedro y varias comunidades nativas”.
En ese contexto, el Gerente General del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, (PEHCBM), Ing. Javier Sinti Flores, confirmó la destrucción en el ACR. Cordillera Escalera, indicando que su jefatura efectuó la constatación en el lugar conjuntamente con la policía ecológica. “La denuncia la hicimos en la policía y el caso pasó al Ministerio Público, fue una denuncia inmediata y esperamos que la sanción a los taladores sea drástica”, manifestó.
En San Martín, ante la creciente desinformación sobre la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, taladores furtivos han ingresado a Cordillera Escalera, asumiendo que la actual norma les brinda la prerrogativa de talar en donde sea.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín (FEMA), según información vertida por la propia fiscalía y por el PEHCyBM, constató la deforestación y destrucción ambiental de 1.2 hectáreas de árboles de bosque primario.
La destrucción alcanzó especies forestales con valor comercial, también especies ubicadas en zonas de cobertura forestal. Los infractores fueron identificados como: Wilmer Carranza Díaz y Jhony Cleiser López Tenazoa. De igual manera, identificaron a Detuiler Dávila Carbajal, quien desboscó un cuarto de hectárea por el kilómetro 07 de la carretera a Yurimaguas, para cultivar productos de pan llevar.
En un pronunciamiento anterior, la SPDA, rechazó las modificatorias de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que legalizaría la deforestación y señalaba, lo siguiente: “Los proyectos de ley vulneran el artículo 38 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ya que permitirán que en tierras con capacidad de uso mayor para cultivos o pastos que presentan bosques, no sea exigible las autorizaciones de cambio de uso de suelo”.
Para la SPDA, la Ley 31973 representa un retroceso en la lucha contra la deforestación, pues la norma modifica el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.
AUTORIDADES SIN MUCHO INTERÉS

En nuestra región San Martín, sobre el tema, poco se ha escuchado a nuestras autoridades, muchas áreas protegidas están siendo vulneradas con el cuento de la permisibilidad de la ley forestal.
El Gobernador Regional Walter Grundel, no ha mostrado una postura firme respecto a este tema, se olvidó que una de las funciones del gobierno regional es velar por la protección de los bosques.
Por su parte, el alcalde de Chazuta, Alex Chujandama Amasifén, distrito de la provincia de San Martín, que cuenta en la margen izquierda del río Huallaga con Cordillera Escalera y en la margen derecha con Cordillera Azul, abordado en una reunión comunal en el caserío de Curiyacu, señaló, que, trabajan permanentemente la conservación de las fuentes de agua, hay una acción coordinada con las 14 comunidades nativas, quienes desarrollan un trabajo severo de protección de los bosques. “De 21 comunidades, 14 son nativas, ellas no dejan ingresar a nadie, siempre hay intenciones de ingresar a extraer madera”, dijo la autoridad.
UNA LUCHA SOLITARIA Y SIN DESCANSO

El ecoguerrero, Iván Rojas García, conocido ambientalista, señaló que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vulnera tres cerrojos que registraba la antigua ley forestal. “Ella nos permitía contar con tres puertas de seguridad: la zonificación forestal (te decía dónde y qué puedes hacer), los permisos de cambio de uso y el título habilitante”, indicó.
Refirió, que la zonificación forestal establece donde realmente se puede producir, generar ganadería, conservar, tratar el tema del agua, establecer zonas urbanas, industriales, ejecutando zonificación económica y ecológica promoviendo desarrollo social, económico y ambiental.
El segundo cerrojo era; los permisos de cambio de uso, “antes de hacer una chacra, tengo que solicitar a la autoridad competente el cambio de uso, y ver si es que realmente dentro de esa zonificación puedo hacer una chacra, puedo tener un título dentro de un área de conservación; pero no puedo talar porque no está permitido dentro del área de conservación”, señaló.
El tercer cerrojo, era el título habilitante; te permitía demostrar que estás trabajando dentro de una zonificación forestal, te facultaba inscribirlo a fin de sacar un certificado de posesión o título de propiedad.
Indicó que, a través de los cambios de uso, (desde hace mucho), han duplicado o falsificado coordenadas para sacar de un predio, inscribirlo, y deforestar de todos lados, menos del lugar señalado. Ahora, sin esa autorización están sacando de donde sea, incluyendo áreas de conservación.
Rojas García, comentó que San Martín tiene una zonificación forestal y económica al 100 por ciento, es la única región donde se señala la ubicación de las ciudades, dónde están los bosques de protección y/o de conservación”, indicó.
“Están talando en márgenes de río porque tácitamente, la ley no especifica en qué sectores, dice a nivel nacional y por eso estamos pidiendo al Tribunal Constitucional que sea derogada y hacer entender a los congresistas que esta ley no va”, expresó.
ECOGUERRERO DENUNCIA BOICOT EN SU LUCHA POR DEROGARLA
Tras la publicación de la Ley N°31973, un colectivo social liderado por Iván Rojas, efectuó una recolección de firmas en Tarapoto con la intención de denunciar la norma ante el Tribunal Constitucional.
Señaló que, en medio de esta acción, recibió una invitación para desistir de dicho proceso, la invitación a la mencionada reunión fue realizada por un grupo mafioso que no quiso revelar identidad por temor a represalias.
No obstante, siguió con el proceso, logró convencer al gobernador a fin de presentar la demanda, y el procurador regional, según mencionó, ha respondido de manera equivocada y la demanda del Gobierno Regional de San Martín, (GORESAM), corre el riesgo de ser rechazada. “El procurador del gobierno regional, Elidelgio Mori Trigoso, está jugando a doble pared, ha respondido de manera equívoca, tanto al Poder Judicial como al Tribunal Constitucional. Lo que va a suceder es que nos rechacen”, concluyó de manera fehaciente.
En tanto, desde el GORESAM, nadie ha querido hablar sobre la demanda, que, advierte Iván Rojas, va a ser rechazada porque ha sido presentada de manera equivocada.
Sin embargo, el Procurador Regional, Dr. Elidelgio Mori, informó que está para notificación de vista de la causa. “La demanda ha sido admitida y ya contestaron la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 31973 que modifica la Ley forestal”, fue su respuesta escueta.

“Esta norma no ha beneficiado a ningún agricultor, nadie ha salido a decir por fin tengo mi título para sembrar café, cacao; sin embargo, a raíz de esta ley, se han beneficiado a 15 empresas de palma aceitera y 36 empresas de madera a nivel nacional”, expresó el ecoguerrero.
¿Es posible derogarla? “Esta ley es inconstitucional, sin embargo, muchos intereses están en juego, corre mucho dinero, porque son grandes desde 10 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil y 22 mil hectáreas”, subrayó.
Y desde el Congreso de la República, nuestros cuatro congresistas prácticamente se han convertido en mudos, y una por ahí aprovecha su status para brindar atribuciones a jueces de paz en la entrega de títulos de propiedad sin tener, éstos, la capacidad técnica para ejecutar el procedimiento. “Una congresista (Cheryl Trigozo), de la región está que promueve la norma que permitirá se puede solicitar título a través de un juez de paz, y los jueces de paz no están capacitados. Solo certifican bajo palabra, estamos de mal en peor”, finalizó Iván Rojas.
Por: Roberto Carlos Medina del Castillo
Trabajo selccionado por el TechCamp ANP 2024