«La salida frente a la crisis institucional del Perú no reside en promesas abstractas, sino en descentralizar de verdad los recursos a las regiones, ejecutar una reingeniería profunda del aparato burocrático, imponer sanciones drásticas e inhabilitaciones efectivas a los malos profesionales en la función pública y devolverle la dignidad a la salud y educación.»

El encendido de un cronómetro gubernamental, proclamado por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, tiene sentido si se traduce en una transformación estructural de la arquitectura del Estado. En una nación devastada por la ineficiencia centralista – donde la Contraloría General de la República reveló que solo en el año 2023 se perdieron más de 24 mil millones de soles (representando casi el 13% del presupuesto público ejecutado) y donde el costo de la mala gestión bordea los 40 mil millones de soles anuales-, el debate de fondo debe virar hacia una descentralización efectiva de recursos presupuestales hacia los gobiernos regionales y municipalidades.

Por décadas, el centralismo limeño ha ahogado las aspiraciones del oriente, postergando proyectos cruciales para la región San Martín y la Amazonía.

Transferir presupuesto sin transferir capacidad decisoria y fiscalización real ha generado un modelo inoperante; la verdadera descentralización exige transferencias directas condicionales, acompañadas de una reingeniería en el aparato burocrático estatal que elimine trámites duplicados, suprima entidades parasitarias y libere al ciudadano de la perisología que asfixia la inversión.

El síntoma más hiriente de este colapso funcional es el drama de los miles de obras inconclusas y paralizadas que salpican la geografía nacional, desde colegios sin terminar hasta hospitales abandonados a medio construir en la selva. Esta hemorragia de fondos públicos – asociada a una mala gestión de contrataciones que derrocha hasta un 19% del gasto contratado – (MEF) requiere una cirugía mayor a través de un control electivo, activo y preventivo por parte de los Órganos de Control Interno (OCI). Los auditores y contralores no pueden seguir siendo observadores pasivos que redactan informes cuando el dinero ya fue esquilmado; deben intervenir con control concurrente en tiempo real para destrabar proyectos y exigir rendición de cuentas.

Asimismo, la lucha anticorrupción carecerá de dientes si no se aplican sanciones efectivas e inhabilitaciones perpetuas a los malos profesionales que traicionan la confianza pública. Esto abarca la purga de elementos corruptos e ineficientes en el magisterio, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Un juez o fiscal que negocia la justicia, un policía que pacta con el crimen organizado o la minería informal e ilegal en la selva, o un docente que deshonra el aula debe ser apartado e inhabilitado de por vida de la administración pública. Ahí podemos hablar y aplaudir el orden.

Esta rigurosidad ética resulta indispensable para blindar lo que debe erigirse como la prioridad sagrada del Estado: la salud y la educación pública de calidad. En un país convulsionado donde el impacto del Cambio Climático, el fenómeno El Niño y la amenaza latente de El Fenómeno La Niña según los pronósticos y los indicadores de instituciones especializados que estamos empezando a vivir, amenazan arrasar cultivos e infraestructura en la región San Martín y el resto del país, la vulnerabilidad social alcanza niveles inaceptables.

Es una inmoralidad pública que el 35% de los niños de 6 a 35 meses sufra de anemia, que el 12% de los menores de cinco años padezca desnutrición crónica y que el embarazo adolescente golpee al 18% en el ámbito rural y amazónico (frente al 8.4% nacional) según cifras del MINSA. Garantizar infraestructura médica con insumos, equipamiento y personal capacitado en el oriente peruano, así como transformar las escuelas rurales con conectividad y docentes idóneos, no es un tema de asistencia social, sino un imperativo de soberanía y desarrollo. Para lograrlo, el propio Poder Legislativo está llamado a «lavarse la cara» ante la ciudadanía, abandonando el blindaje político y fiscalizando a fondo para asegurar que cada sol presupuestado llegue directamente a la mesa y al aula de las familias amazónicas.

En conclusión, el nuevo quinquenio gubernamental no pueden ser una simple cuenta regresiva de promesas vacías. La refundación del país exige un pacto de trabajo real, transparente y descentralizado, donde la región San Martín y la Amazonía dejen de ser tratadas como periferias extractivas y pasen a ser el epicentro de un modelo de gobernabilidad limpia.

Lavar la cara al Congreso de la República y reconstruir la fe pública requerirá firmeza para extirpar la impunidad en los fueros judiciales, policiales y administrativos, convirtiendo la eficiencia presupuestal y el servicio al ciudadano en la única medida del éxito gubernamental.

«Para sanar las heridas del Perú y salvar la Amazonía del avance del crimen y la crisis climática, la única salida real estriba en transformar la retórica gubernamental en una presencia estatal integral, preventiva y descentralizada que escuche las demandas del territorio antes de que venza el cronómetro de la gobernabilidad.»