En un escenario de sobreoferta política y débil representatividad, crece la preocupación por la calidad del liderazgo subnacional.
Urge fortalecer capacidades regionales: en las municipales no hay espacio para improvisaciones, apetitos personales ni capturas por grupos económicos. En San Martín, la sensación es clara: hemos retrocedido.
El Perú se encamina a uno de los procesos subnacionales más complejos de su historia reciente: más de 55 partidos políticos participarán en las elecciones regionales y municipales convocadas para el 4 de octubre, compitiendo por cerca de 15.000 cargos públicos entre gobernadores regionales, alcaldes y regidores, de acuerdo con el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La magnitud de la oferta electoral, que supera ampliamente a la de procesos anteriores, plantea un desafío mayor para los ciudadanos, quienes deberán elegir entre una amplia gama de candidatos, muchos de ellos provenientes de organizaciones con escaso respaldo.
Este escenario se explica, en parte, por la normativa vigente que permite que partidos que no alcanzaron la valla electoral del 5 % en las elecciones generales mantengan su inscripción hasta enero del próximo año, habilitándolos para participar en los comicios subnacionales incluso si su desempeño fue marginal. Así, agrupaciones que no superaron siquiera el 1 % de los votos válidos continúan en carrera, contribuyendo a una creciente fragmentación del sistema político.
En contraste con los cerca de 40 partidos que compitieron en las elecciones generales, el número de organizaciones habilitadas para este proceso alcanza un récord histórico. A las 38 agrupaciones nacionales que participaron en abril se suman nuevos partidos inscritos hasta el 7 de enero, así como una importante presencia de movimientos regionales. En algunas jurisdicciones, el número total de organizaciones políticas supera las 60, como resultado de esta combinación entre partidos nacionales y fuerzas locales.
El bajo nivel de representatividad es evidente. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo 6 partidos han superado el umbral del 5 % en las elecciones generales. Mientras tanto, agrupaciones como Perú Moderno, apenas alcanzaron un 0,058 %, partidos, como Podemos Perú, encabezado por José Luna Gálvez, obtuvieron apenas 1,58 % en la elección presidencial, mientras que Alianza Para el Progreso, de César Acuña, registró un 1,14 %. Perú Libre, organización vinculada a Vladimir Cerrón, que logró solo 0,60 % en la elección presidencial. Pese a estos resultados, todas estas agrupaciones mantienen el derecho de presentar candidaturas en el ámbito regional y municipal, lo que incrementa la dispersión del voto y debilita la claridad de las propuestas políticas.
En el plano regional, la situación adquiere matices particulares. En departamentos como Puno, Huancavelica, Arequipa y Tacna, la presencia de movimientos regionales amplía significativamente la oferta electoral, con entre 6 y 8 organizaciones locales adicionales en cada caso. Esta proliferación de candidaturas, muchas veces sin estructura sólida ni propuestas consistentes, configura un escenario de alta incertidumbre.
En la región San Martín, el panorama no es ajeno a esta dinámica. Las 10 provincias – Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martín (Tarapoto), El Dorado, Picota, Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache – participarán en la elección de Gobernador Regional y autoridades municipales en un contexto de creciente fragmentación. Se espera la concurrencia de múltiples listas entre partidos nacionales y movimientos regionales, replicando la tendencia nacional de sobreoferta electoral. Esta dispersión no solo complica la decisión del electorado, sino que también incrementa el riesgo de que autoridades sean elegidas con bajos niveles de legitimidad, producto de votaciones altamente divididas.
El retroceso en la calidad del liderazgo regional y municipal es una preocupación latente. En San Martín, donde históricamente se han impulsado procesos de desarrollo territorial y gobernanza articulada, hoy se percibe una pérdida de rumbo.
La multiplicación de candidaturas sin propuestas claras ni equipos técnicos sólidos refleja una política cada vez más centrada en intereses individuales y menos en proyectos colectivos.
El desafío es evidente: en un escenario con más de la mitad de partidos sin superar el 1 % de respaldo ciudadano, la necesidad de fortalecer la institucionalidad, la formación de liderazgos y la responsabilidad política se vuelve urgente. Las elecciones municipales y regionales no pueden convertirse en un espacio de ensayo para proyectos improvisados ni en plataformas para intereses particulares. El futuro de regiones como San Martín depende de decisiones informadas, liderazgos sólidos y una ciudadanía que exija más que promesas: resultados concretos y sostenibles.
