La próxima elección no debería decidir únicamente quién administrará el Gobierno Regional y los municipios.Debería decidir también qué modelo de territorio queremos construir y para quién.

En plena campaña para las elecciones Municipales y Regionales en San Martín, hay un tema que debería estar en el centro del debate, pero que aparece de manera marginal: la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Los candidatos hablan de carreteras, puentes, pistas veredas, y proyectos, pero pocos explican cómo piensan ordenar el crecimiento de las ciudades y proteger el territorio durante los próximos cuatro años.

El ordenamiento urbano define dónde crecerá la ciudad, dónde se podrá construir, cómo llegarán los servicios básicos y qué zonas deberán ser protegidas frente a los riesgos y al cambio climático. En una región amazónica como San Martín, con una enorme biodiversidad y ecosistemas frágiles, planificar es una necesidad.

Una revisión de las políticas y experiencias de planificación muestra problemas conocidos: carencias normativas, débil comunicación institucional y escasa participación ciudadana. Pero también identifica herramientas que pueden cambiar el rumbo: sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y tecnologías geoespaciales.

El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) debería ser una verdadera hoja de ruta y no un documento que termina archivado. Los PDU, orientan el desarrollo urbano sostenible y promueven la inversión pública y privada. El desafío, por tanto, no es solamente aprobarlos, sino hacerlos cumplir.

Porque una ciudad que crece sin planificación termina pagando la factura: déficit de servicios, tráfico, ocupación de zonas vulnerables, pérdida de áreas verdes, contaminación y mayores costos para llevar agua, desagüe, electricidad y transporte a sectores que crecieron sin previsión.

En la Amazonía, además, las consecuencias pueden ser ambientales. Un PDU bien aplicado puede ser un freno a la deforestación y a la expansión urbana caótica, evitando que la ocupación informal avance sobre bosques, zonas sensibles y fajas marginales de los ríos. También debe considerar sistemas adecuados de drenaje pluvial, indispensables en ciudades sometidas a fuertes precipitaciones, igualmente, proteger las cabeceras de cuenca, quebradas y ojos de agua. Resultaría contradictorio hablar de desarrollo sostenible mientras se permite que el crecimiento urbano termine afectando las fuentes de agua o contaminando los ríos amazónicos.

Aquí surge la pregunta política:¿por qué los candidatos no colocan este asunto en el centro de sus propuestas?

¿Es más rentable electoralmente prometer una obra visible que hablar de una política cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo? ¿O existen intereses que prefieren determinadas áreas del territorio en una situación de indefinición?

Y aparece una segunda pregunta, todavía más sensible: ¿quiénes financian las campañas y qué esperan recibir después de las elecciones?

No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de exigir transparencia. Cuando un candidato no explica qué hará con las áreas de expansión urbana, las zonas de protección, los cambios de zonificación o las inversiones futuras, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué intereses pueden estar involucrados.

El asunto no es menor. El suelo puede multiplicar su valor cuando cambia una zonificación, se habilita una nueva zona urbana, se construye una carretera o llega infraestructura pública. Por eso, las decisiones sobre el territorio no deberían quedar sometidas a presiones particulares.

Si existieran financistas que condicionaran decisiones futuras, estaríamos ante un escenario grave: una gestión podría nacer hipotecada. Esa hipoteca no necesariamente aparecería en un contrato; podría expresarse en obras direccionadas, cambios de zonificación, permisos, prioridades de inversión o decisiones que favorezcan a determinados sectores. De ahí la importancia de conocerquién financia las campañas, cuánto aporta y qué compromisos de transparencia asume cada candidato.

La campaña debería discutir, entonces, algo más que quién hará más obras. La pregunta de fondo es: ¿qué ciudad y qué territorio queremos dejar dentro de diez, veinte o treinta años?

La Resolución Directoral N.° 01-2024-VIVIENDA, del Programa Nuestras Ciudades, aprobó las Pautas para la Implementación de Planes de Desarrollo Urbano, precisamente para llevar los PDU de la planificación a la acción. El documento aborda gestión del riesgo, factores ambientales, clasificación del suelo, zonificación, movilidad, equipamientos, espacios públicos, vivienda, infraestructura y servicios básicos, además de mecanismos para implementar los programas de inversiones urbanas.

Herramientas existen. Lo que se necesita esdecisión política, capacidad institucional y vigilancia ciudadana.

San Martín no puede seguir creciendo únicamente al ritmo de la ocupación del suelo. Necesita una visión territorial que determine dónde puede expandirse la ciudad y dónde debe detenerse; que proteja los recursos naturales; que prepare infraestructura frente a lluvias y eventos extremos; y que planifique servicios, transporte y espacios públicos antes de que los problemas sean inmanejables.

Por eso, los candidatos al Gobierno Regional y a las municipalidades – aún están a tiempo – deberían presentar propuestas concretas sobre planificación urbana y ordenamiento territorial. No basta con repetir «desarrollo sostenible». La ciudadanía debería saber qué PDU implementarán, qué instrumentos actualizarán, cómo los financiarán, qué zonas protegerán y cómo controlarán la expansión urbana.

Los medios de comunicación, colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales también tienen una responsabilidad: poner el territorio en la agenda electoral.

Porque la discusión sobre planificación urbana es, finalmente, una discusión sobre poder: quién decide dónde crece la ciudad, quién accede al suelo, qué áreas se protegen y dónde se coloca el dinero público.

San Martín necesita autoridades capaces de mirar más allá de un período de gobierno. Una gestión puede inaugurar muchas obras y, al mismo tiempo, dejar una ciudad más desordenada, vulnerable y cara de administrar.

Ordenar significa planificar, transparentar las decisiones, escuchar a la ciudadanía y evitar que intereses particulares terminen definiendo el futuro colectivo.

La próxima elección no debería decidir solamente quién gobernará San Martín. También debería decidir qué territorio queremos construir y para quién.