CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA DIGNIDAD DE LA JUSTICIA
– No podemos permitir que en plena pandemia persista este afán de lucro, y continúe la corrupción como en sector salud, en la policía nacional, gobiernos regionales y locales, sacrificando la vida de los profesionales de la salud y de la población más vulnerable.
– Compra y especulación con los medicamentos, el oxígeno, mascarillas, guantes, equipos médicos, las canastas básicas familiares para los más pobres ha sido motivo de especulación y corrupción, hasta en 700% durante la cuarentena.
Las organizaciones y colectivos ciudadanos del país han emito el siguiente pronunciamiento:
Nos reafirmamos en la necesidad de transitar hacia “una nueva convivencia”, que signifique crear las condiciones para construir un país más igualitario e inclusivo, basado en el desarrollo desde los territorios y en busca del buen vivir, las capacidades, el respeto mutuo y la solidaridad de sus ciudadanos y ciudadanas; sin ningún tipo de discriminación. Que brinde a todas oportunidades de empleo decente y una vida digna. En el marco de un nuevo pacto social para nosotros/ nosotras y las nuevas generaciones.
En camino a esa nueva convivencia es necesario, continuar y profundizar la lucha contra la corrupción que es el peor virus que sigue atacando al Perú.
Ha sido un elemento clave para impedir el derecho a una vida digna a la gran mayoría, su impacto a todo nivel: en la política, en la economía, en el desarrollo, en el tejido social, en la lucha contra las desigualdades.
Aprovechando la pandemia, “los Cuellos Blancos”, “Lava Jato” y tantos otros casos de corrupción, estos grupos se encuentran a la ofensiva pretendiendo retomar o continuar dominando espacios claves del sistema de justicia, apoyados por el silencio cómplice de autoridades responsables de combatirlos.
En todas las regiones las redes de corrupción continúan intactas.
La alianza entre los grupos económicos monopólicos y políticos que han capturado el Estado utilizando su poder para su propio beneficio, han favorecido y alimentado la corrupción, han debilitado la democracia, distorsionado la función de sus instituciones, y con un desmedido afán de lucro sacrifican la vida y el futuro del pueblo y el desarrollo de todas las regiones del país.
No podemos permitir que en plena pandemia persista este afán de lucro, y continúe la corrupción como en el sector salud, en la policía nacional, en gobiernos regionales y locales, sacrificando la vida de los profesionales de la salud y de la población más vulnerable. La compra y especulación con los medicamentos, el oxígeno, mascarillas, guantes, equipos médicos, las canastas básicas familiares para los más pobres ha sido motivo de especulación y corrupción, hasta en 700% durante la cuarentena. Y ahora se incrementan los abusos con los despidos disfrazados de “suspensión perfecta” y con el apremio del cobro de los servicios y las deudas bancarias.
Sentimos vergüenza por los congresistas, presidentes, gobernadores y alcaldes que alguna vez elegimos y han sido denunciados, presos o procesados, por delitos de corrupción robándole recursos y oportunidades de desarrollo a los más necesitados, ahondando el deterioro moral y la desconfianza ciudadana.
Esta situación no debe continuar, menos aún ante la grave crisis económica que asola nuestro país. Para ello es necesaria la más amplia unidad de los sectores sanos de nuestra sociedad que han apostado por la vida, por un país justo, democrático, igualitario, paritario y libre de corrupción e impunidad, denunciando y actuando, desde la sociedad civil y apoyando a los fiscales y jueces probos y honestos y a la prensa independiente que han investigado y denunciado la corrupción y continúan haciéndolo, pese a todos los intentos de acallarlos.
Nuestro país necesita con urgencia una transformación, nos reafirmamos en el compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Un mundo mejor es posible, ello exige una nueva cultura política y la revalorización de la comunidad, de la participación ciudadana organizada, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para lograr una vida digna.
En estos momentos difíciles para el país, el deber del presidente Vizcarra y de los congresistas que se oponen a blindar a los corruptos, es impulsar y defender la reforma política y la del sistema de justicia, requisito para una nueva convivencia, finaliza el documento de los Integrantes del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – GTCC.