El regidor provincial de San Martín cuestiona la falta de planificación urbana y ambiental en la región, alerta sobre los efectos de la deforestación tras el informe del IGP en Eladio Tapullima y critica el deterioro del distrito de Morales por obras inconclusas y decisiones improvisadas.

El regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín, Joao Alfaro Soriano, expresó su preocupación por la situación socioambiental que atraviesa la región San Martín; el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los desplazamientos de tierra en el CP de Eladio Tapullima confirma que el problema está directamente relacionado con la intervención humana y la pérdida de cobertura forestal.

“Todo se ha dado por la deforestación y por generar terrenos agrícolas. Este es el primer centro poblado que le ocurre algo así, pero podría pasar en diferentes provincias. Es una alarma muy compleja y se debería realizar un estudio integral en toda la región San Martín”, manifestó.

Precisó además que, según las conclusiones técnicas, el fenómeno continuará agravándose porque no se trata de una falla geológica ni de un desastre natural, sino de un problema ocasionado por el hombre. “El riesgo no se ha paralizado, esto es progresivo y seguirá creciendo”, advirtió.

PDU y ordenamiento territorial

Al referirse a los conflictos vinculados a Ricuricocha, el regidor cuestionó el incumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y señaló que muchas veces estos documentos terminan beneficiando más a las consultoras que a la planificación territorial real. “En el caso Ricuricocha, nos ha enseñado que debemos escuchar”

“Muchas veces los PDU parecen hechos más para que gane la consultora externa. Se habla de áreas de mitigación, áreas naturales protegidas o zoocres, pero al final todo queda en el vacío”, sostuvo.

Alfaro reconoció que existe una problemática social relacionada con agricultores que no pueden exportar sus productos porque se encuentran en zonas de conservación. Sin embargo, remarcó que no se puede modificar la normativa ambiental únicamente para favorecer actividades económicas si eso pone en riesgo las áreas naturales y las fuentes hídricas.

“La agricultura es una actividad respetable y dinamiza la economía, pero no a costa de los recursos naturales. Hoy el planeta atraviesa una situación crítica y la lección aprendida del caso Ricuricocha es que estos temas deben trabajarse con mucha responsabilidad y consultando especialistas”, afirmó.

Indicó también que este año corresponde revisar nuevamente algunos aspectos del Plan de Desarrollo Urbano y consideró necesario articular las futuras modificaciones con los estudios técnicos y las mesas de trabajo que vienen desarrollándose en la región.

Asimismo, informó que viene impulsando una ordenanza relacionada con los miradores turísticos y espera contar con el respaldo técnico del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, activistas ambientales y representantes de la sociedad civil como la doctora Cristina del Águila e Iván Rojas.

“Necesitamos articular a la sociedad civil con las autoridades y normar antes de junio para evitar que se repitan situaciones como la del cerro Mirador. Deben involucrarse instituciones como la Autoridad Regional Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), porque tenemos sectores seriamente amenazados como el distrito de Sauce, ícono turístico de San Martín”, remarcó.

El regidor insistió en que defender el ordenamiento territorial no significa estar en contra de la inversión privada. “Aquí hay que sumar esfuerzos y tener una mirada mucho más amplia”, enfatizó.

Caos en el distrito de Morales

Consultado sobre el estado del distrito Moralino, Joao Alfaro Soriano realizó un severo balance de las últimas gestiones municipales, a las que responsabilizó por el retroceso urbano y la falta de planificación.

“La falta de visión y perspectiva hoy ha quedado evidenciada en Morales. En los últimos doce años se ha avanzado muy poco, pero lo más doloroso es que en los últimos cuatro años las inversiones, en vez de mejorar la calidad de vida de los vecinos, terminaron generando más problemas”, expresó.

Señaló que muchas obras fueron ejecutadas por sectores, sin una planificación integral, especialmente en el manejo de drenajes pluviales. Según explicó, antes de ejecutar pistas y veredas se debió realizar estudios hidrológicos e hidráulicos para manejar adecuadamente las aguas de lluvia.

“Hoy vemos las consecuencias. Sectores como Los Andes o el jirón Manco Cápac están destrozados. Las supervisiones no cumplieron realmente su función y hay un largo historial de responsabilidades”, cuestionó.

Asimismo, consideró necesario recuperar los comités de vigilancia vecinal y fortalecer la participación ciudadana en el control de las obras públicas. Recordó que la propia Ley Orgánica de Municipalidades faculta a los gobiernos locales a promover la organización y fiscalización ciudadana.

¿Cómo celebramos una nueva plaza de Armas de Morales?

También criticó el inicio de nuevas obras ornamentales mientras persisten problemas básicos de transitabilidad y drenaje en el distrito. Como ejemplo mencionó la colocación de la primera piedra para la remodelación de la plaza de armas de Morales, valorizada en aproximadamente tres millones y medio de soles.

“Mientras haya calles destruidas, aniegos y falta de conectividad hacia los centros de producción, ¿cómo celebramos una plaza de armas? ¿De qué sirve una refacción cuando el distrito está intransitable?”, cuestionó.

Añadió que actualmente no existe conexión fluida entre sectores importantes como José Gálvez y Arequipa debido al mal estado de las vías. “No hay ninguna señal clara de cuándo terminarán estas obras. Aquí siguen ganando las constructoras y los contratistas”, concluyó.