Fiscalía Anticorrupción interrogó a dos declarantes durante la audiencia. El proceso judicial se reanudará el 9 de setiembre con cinco testimonios pendientes.

Este lunes 31 de agosto continuó el juicio oral contra el alcalde provincial de Moyobamba, Ernesto Peña Robalino, acusado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.

En el mismo proceso también es investigado el empresario Osmar Torres Díaz, quien enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, instigación al tráfico de influencias y falsedad genérica.

Durante la sesión, el fiscal provincial Alex Mirano Apaza, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dirigió el interrogatorio de dos testigos presentados por el Ministerio Público.

Según lo expuesto durante la audiencia, los declarantes brindaron sus testimonios ante el tribunal sobre la forma y las circunstancias en las que se vincularon con los investigados, elementos que, de acuerdo con la tesis fiscal, respaldarían los hechos materia de acusación.

Estos testimonios están orientados a sustentar la imputación relacionada con el presunto delito de cohecho y los primeros hechos incluidos en la acusación fiscal. Sin embargo, aún queda pendiente la recepción de otros testimonios y medios probatorios vinculados con los demás hechos imputados a los procesados.

El proceso judicial continuará con la actuación de nuevas pruebas y declaraciones, conforme al cronograma establecido por el órgano jurisdiccional.

Finalmente, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Moyobamba dispuso que el juicio oral se reanude el próximo miércoles 9 de setiembre.

Durante la próxima audiencia está prevista la recepción y evaluación de cinco declaraciones testimoniales que aún se encuentran pendientes dentro de este proceso, que mantiene expectativa en el ámbito político y judicial de la región San Martín.

La continuidad del juicio permitirá al Ministerio Público y a las defensas de los procesados presentar y debatir los elementos de prueba antes de que el órgano jurisdiccional emita una decisión conforme al desarrollo del proceso.