Mientras algunos sectores promueven la integración vial como una oportunidad para el desarrollo, las comunidades indígenas advierten que ninguna obra puede imponerse sobre los derechos colectivos, la protección ambiental y la supervivencia de los territorios ancestrales. El debate vuelve a poner en el centro la necesidad de conciliar progreso, legalidad y respeto intercultural.

La organización indígena que representa a la Nación Shawi expresó su firme rechazo a la proyectada carretera Balsapuerto–Moyobamba, una iniciativa que, según denuncian, viene siendo impulsada por el Gobierno Regional de Loreto y la Sub Gerencia Regional de Alto Amazonas sin haber cumplido con los procedimientos de participación y consentimiento exigidos por la legislación nacional e internacional para los pueblos indígenas. A través de un pronunciamiento público, las comunidades advirtieron que las intenciones de abrir esta vía ya estarían generando consecuencias en su territorio ancestral, entre ellas presuntas invasiones de tierras en las comunidades de Canoa Puerto y Huituyacu, específicamente en la zona del río Cachiyacu, ubicada entre las cataratas del Pomayacu y la tradicional mina de sal utilizada por el pueblo Shawi.

Los dirigentes indígenas sostienen que la construcción de la carretera representa una seria amenaza para ecosistemas considerados estratégicos, especialmente las cabeceras de cuenca de los ríos Paranapura, Cachiyacu y Yanayacu, en el distrito de Balsapuerto, así como de los ríos Cahuapanas y Sillay, en el distrito de Cahuapanas. A ello se suma la preocupación por la posible afectación de lugares sagrados, espacios de gran importancia cultural y espiritual para las comunidades originarias.

En su comunicado, la organización rechaza la idea de que la vía genere beneficios directos para las poblaciones indígenas y sostiene que existen antecedentes en otros territorios amazónicos que demuestran impactos negativos derivados de la apertura de carreteras. “Es falso que esta carretera traerá beneficio a nuestras comunidades”, señala el documento, precisando que diversos informes técnicos y experiencias cercanas evidencian efectos considerados irreversibles sobre los bosques, los recursos naturales y la cohesión social de los pueblos indígenas.

La Nación Shawi también expresa preocupación por lo que considera los verdaderos intereses detrás de la propuesta vial. Según el pronunciamiento, la apertura de la carretera facilitaría actividades extractivas, especialmente la minería, señalando a la empresa FQM Perú S.A., que tendría 11 concesiones dentro del territorio ancestral Shawi, las cuales califican como otorgadas sin consulta a las comunidades afectadas.

No obstante, los dirigentes remarcan que no se oponen a la conectividad ni al desarrollo de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población. Por el contrario, plantean que cualquier alternativa debe sustentarse en estudios técnicos y legales rigurosos, considerando opciones como el transporte fluvial, aéreo e incluso ferroviario, modalidades que, a su juicio, podrían reducir los impactos ambientales y sociales sobre el territorio indígena.

El creciente escenario de invasiones, el riesgo de tráfico de tierras, la pérdida progresiva del territorio ancestral y la posible llegada de actividades ilícitas han llevado a las comunidades a exigir al Gobierno Regional de Loreto que detenga la aprobación de cualquier ordenanza destinada a declarar la carretera de interés regional. Entre las principales amenazas identificadas figuran además la expansión de la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, la ocupación descontrolada del territorio y la eventual presencia de redes criminales vinculadas a actividades extractivas ilegales, fenómenos que, según afirman, ya se han registrado en otros territorios amazónicos tras la apertura de nuevas vías terrestres.

Finalmente, la organización indígena reiteró su demanda de garantizar el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, así como del Consentimiento Previo, Libre e Informado, mecanismos reconocidos por la legislación peruana y los convenios internacionales para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios.

“Exigimos el estricto cumplimiento de las leyes técnicas ambientales, de la consulta y del consentimiento previo, libre e informado otorgado por parte del pueblo indígena”, enfatiza el pronunciamiento, dejando en claro que cualquier decisión sobre el futuro de su territorio deberá contar con la participación efectiva y la aprobación de las comunidades que históricamente lo habitan.