Obras de saneamiento básico en la región: ¿condenados al despeñadero? ¿Cuál es la falla? ¿Dónde está la salida? Que hablen los técnicos.

En Moyobamba, el agua potable no es un lujo; es una necesidad urgente para miles de familias que por años esperan.

La historia de las grandes obras públicas en la región San Martín parece caminar siempre sobre la misma cuerda floja: expedientes técnicos cuestionados, supervisiones tardías, observaciones administrativas, cartas notariales y proyectos que terminan atrapados entre la esperanza ciudadana y la burocracia estatal.

Esta vez, el escenario vuelve a ser Moyobamba, donde una obra considerada emblemática para el abastecimiento de agua potable empieza a mostrar señales de desgaste institucional antes de consolidarse como solución definitiva para miles de familias.

El documento emitido por el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), con fecha 22 de diciembre de 2025, conseguida por este medio, pone nuevamente sobre la mesa un problema que ya no parece aislado ni casual. Mediante la Carta Notarial N.° 042-2025-GRSM-PEAM-G. G, dirigida al representante del Consorcio Selva Perú, la entidad pública advierte posibles incumplimientos contractuales relacionados con las garantías financieras presentadas para la ejecución del proyecto denominado “Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba”, identificado con el CUI N.° 2410964.

La obra, concebida para resolver históricas limitaciones en el acceso al agua potable en sectores de la capital de la región, hoy enfrenta un episodio que revela fisuras más profundas dentro del aparato público y privado encargado de ejecutar infraestructura básica. Lo que parecía un trámite administrativo terminó convirtiéndose en una seria advertencia contractual.

Según el documento oficial, el PEAM solicitó información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) respecto a las cartas fianza emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo Ltda. 104, entidad financiera que respaldaba las garantías del contrato. La preocupación surgió luego de que se buscara verificar si dicha cooperativa cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 148 del Reglamento de Contrataciones del Estado, el cual establece que las garantías deben ser emitidas por entidades supervisadas y que además cuenten con clasificación de riesgo “B” o superior.

La respuesta de la SBS, contenida en el Oficio N.° 70648-2025-SBS, terminó encendiendo las alarmas. Aunque la cooperativa sí figura bajo supervisión de la entidad reguladora desde el 7 de febrero de 2019, no existe constancia de que haya acreditado contar con clasificación de riesgo vigente emitida por una clasificadora autorizada. Más aún, la propia superintendencia precisó que la entidad financiera no informó haber cumplido con la publicación obligatoria de dicha clasificación hasta la fecha límite del 24 de septiembre de 2025.

Allí comenzó el problema.

Para el PEAM, la ausencia de esta acreditación podría configurar un incumplimiento contractual grave. Por ello, la entidad otorgó al contratista un plazo improrrogable de 15 días para sustituir las cartas fianza observadas y presentar nuevas garantías que cumplan íntegramente con la normativa vigente. Caso contrario, se advirtió la posible resolución del contrato.

Pero detrás del lenguaje técnico y jurídico aparece una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo una obra de esta magnitud avanza hasta esta etapa sin que previamente se detecten observaciones elementales sobre las garantías financieras? ¿Falla el sistema de control? ¿Existen vacíos en la revisión técnica? ¿O simplemente la urgencia política por ejecutar obras termina imponiéndose sobre los filtros administrativos?

En Moyobamba, estas preguntas no son menores. El agua potable no es un lujo; es una necesidad urgente para miles de familias que por años esperan infraestructura eficiente y sostenible. Cada retraso administrativo, cada controversia contractual y cada observación financiera termina golpeando directamente la confianza ciudadana.

Lo más preocupante es que este caso parece encajar dentro de un patrón repetitivo en múltiples obras de saneamiento ejecutadas en distintas provincias de la región. Presupuestos millonarios, anuncios políticos, ceremonias de colocación de primera piedra y promesas de desarrollo terminan muchas veces naufragando entre arbitrajes, ampliaciones de plazo, deficiencias técnicas y litigios interminables.

Y mientras eso ocurre, la población sigue esperando agua.

El documento del PEAM también deja en claro que la entidad decidió mantener provisionalmente las garantías observadas únicamente para evitar quedar desprotegida patrimonialmente, aclarando expresamente que dicha custodia “no constituye validación, aceptación ni convalidación jurídica definitiva”. En otras palabras, la entidad reconoce que el problema existe y que el riesgo administrativo es real.

La situación expone además otra debilidad estructural: la excesiva dependencia de procesos documentarios y legales que muchas veces se convierten en trampas burocráticas capaces de paralizar proyectos esenciales. Cuando una obra pública depende no solo de ingeniería y ejecución física, sino también de complejas validaciones financieras, el margen para el error se multiplica.

Aquí aparece otro debate inevitable: la capacidad técnica del Estado para gestionar grandes proyectos de saneamiento. Porque una obra no fracasa únicamente cuando colapsa físicamente. También fracasa cuando se retrasa indefinidamente, cuando sus costos aumentan o cuando las observaciones administrativas consumen más tiempo que la propia construcción.

En el fondo, el problema parece ir más allá de una carta fianza.

El verdadero drama podría estar en la falta de articulación entre planificación, control y ejecución. Las obras de saneamiento requieren visión técnica de largo plazo, seguimiento especializado y una supervisión rigurosa desde el inicio. Sin embargo, en muchas ocasiones, las instituciones reaccionan recién cuando el conflicto ya explotó.

Mientras tanto, en las calles de Moyobamba, la ciudadanía observa con escepticismo otro capítulo de una historia demasiado conocida. Una obra anunciada como solución emblemática empieza a rodearse de incertidumbre antes siquiera de consolidar sus resultados.

Y la gran pregunta vuelve a caer sobre la mesa regional: ¿las obras de saneamiento en San Martín están condenadas al desacierto permanente o todavía existe capacidad técnica y política para corregir el rumbo?

La respuesta ya no debería provenir únicamente de funcionarios o contratistas. Tal vez llegó el momento de escuchar a los ingenieros, planificadores, especialistas en saneamiento y órganos de control independientes. Porque cuando una obra de agua potable empieza a naufragar entre observaciones administrativas, el problema deja de ser solamente legal. Se convierte en un síntoma del modelo de gestión pública que la región arrastra desde hace años.

Y mientras las instituciones intercambian oficios, requerimientos y apercibimientos, la población sigue esperando lo más básico: agua segura, obras eficientes y autoridades capaces de convertir promesas en soluciones reales.

Nota de redacción: En múltipeles ocaciones este medio intento dialogar con el gerente general del Proyecto Especial Alto Mayo -PEAM, Milton Arévalo Muñoz, y el administrador del contrato del Proyecto Juningulllo, Mauro Huamán sin obtener respuesta.  desde VOCES esperamos respuestas, el dialogo siempre estará abierto. Fotos: PEAM – Archivo.