En el Informe de Control Específico N° 011-2024-2-0228-SCE, la comisión de control identificó que el consejo universitario aprobó la Directiva N° 002-2021/UNSM-DGA, destinada a regular bonificaciones y subvenciones en la universidad. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 prohibía expresamente cualquier incremento en remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones y compensaciones económicas en las universidades públicas.
El servicio de control posterior determinó que funcionarios de confianza y servidores de la universidad aprobaron, gestionaron y pagaron retribuciones económicas entre los años 2021 y 2023 a personal en puestos de jefatura en unidades administrativas adscritas a diversas oficinas o direcciones dentro de la estructura orgánica de la universidad.
Como resultado de estas acciones irregulares, la Contraloría ha determinado que tanto los miembros del consejo universitario como los responsables de la Dirección General de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica podrían estar incursos en presunta responsabilidad civil y administrativa.
Se ha notificado al titular de la Universidad para que tome las acciones correspondientes, se ha recomendado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General iniciar las acciones legales contra los servidores públicos involucrados.