No hay delitos mayores ni menores. Como que pensáramos que hay muertes mayores y menores. La muerte es una sola. Todos llegamos a este fin: ricos y pobres, grandes y pequeños, famosos y humildes. En consecuencia el delito es delito por donde quiera que le mires. De acuerdo a esto planteo la pregunta con los siguientes casos:
¿Qué pasaría si en el Perú se aplicara la pena de muerte? Pasaría los siguientes casos:
PRIMER CASO: Desde ya los jueces y fiscales, probos lógicamente, tuvieran menos trabajo; el ingreso a las cárceles paulatinamente iría acabándose; los abogados empezarían a perder clientes. Comprobado está la mayoría de abogados defienden lo indefendible, torciéndole a las leyes de mil formas, con tal que el procesado le reviente los bolsillos con miles y hasta millones de soles, según los casos.
SEGUNDO CASO: Las obras públicas que emprenden los gobiernos locales, regionales y nacionales, serían ejemplares, no existirían las coimas, no existirían las empresas que están ya bajo la manga del probable o supuesto ganador, cuando éste convoca a licitación de obras, los concursos por cada empresa serían impecables, se terminarían para siempre los acostumbrados adicionales.
¡Al diablo los adicionales! Estos aumentos nunca van para el supuesto mejoramiento o culminación de la obra. Se van a llenar los bolsillos de los firmantes de la obra (ingenieros versus funcionarios).
TERCER CASO: No tuviéramos congresistas de la talla y cualidad miserable como la que tenemos hoy. Cuestionados por la función equivocada que tienen: boicoteadores de dictámenes a favor de causas justas del pueblo, buscan siempre cómo beneficiarse con las leyes que aprueban a favor de grandes consorcios, buscan también limpiarse, ocultándose y tapándose la corrupción entre ellos . Además el sueldo millonario que perciben, se acabaría. Serían pagados por cada proyecto de ley, siempre si ese proyecto beneficiaría a la mayoría del pueblo. Se acabaría para siempre la famosa frase: “otorongo no come otorongo”.
CUARTO CASO: El Congreso empezaría la aprobación de presupuesto justo y digno para cada sector. Los sectores de salud y educación, no tuvieran ningún motivo para irse a las paralizaciones, ni mucho menos a huelgas indefinidas demandando mejores sueldos y dignos derechos. Los maestros se dieran el lujo de recordar su triste pasado de haber vivido luchando toda una vida, exigiendo que se aumente al sector educación el 6% del PBI. Con este monto presupuestal, ese maestro no viviera haciendo cachuelos adicionales fuera de su hora de trabajo pedagógico, no viviera de préstamo en préstamo, no viviera estresado y no terminaría su vida a temprana edad.
QUINTO CASO: No tuviéramos políticos mafiosos, corruptos y mentirosos como hoy. Un García por ejemplo corriendo de la justicia peruana a refugiarse en la embajada de Uruguay, como lo hizo más de 20 años atrás en la embajada de Colombia. Luego de haber dicho que se allana a las leyes del país; un Toledo viviendo de lo mejor en el país norteamericano, luego de haber predicado hasta la saciedad ser ejemplo y cabeza de los “cuatro suyos” que le hizo temblar al gobierno corrupto de Fujimori; una señora K, ahora prisionera, que tiene gente que le va moviendo cielos y tierra para lograr pronto su impunidad, que habiendo como hay todas la evidencias, según los magistrados José Domingo y Concepción Carhuancho, sería lamentable.
SEXTO CASO: Nuestras calles y centros de desarrollo estarían seguros. El Estado no derrocharía tanto dinero pagando a tantos policías y serenos. Nuestras sociedades tuvieran un nuevo concepto de seguridad, no una seguridad amenazada por el delincuente, no solo común, sino también de cuello y corbata; tuviéramos el concepto natural de seguridad: velar cada uno por su propio semejante, como que ese semejante que no te conoce es parte de tu vida, y aun conociéndonos, con más razón, velaríamos ambos nuestra seguridad.
SEPTIMO CASO: Previo a la pena de muerte, lógicamente, tuviéramos que tener una nueva Constitución totalmente renovada y aprobada en una nueva Constituyente. Los dictámenes y sentencias de nuestros códigos de ley que tenemos hoy, por ejemplo esos términos leguleyeros “el debido proceso”, “reducción de la pena”, “arresto domiciliario”, “impedimento de salida del país”, “prisión preventiva”, “prescripción del delito”, “colaborador eficaz”. Todo esto se iría al tacho de basura por alargar los procesos como pretexto de buscar la impunidad. Basta con el indicio del delito y el cruce de las evidencias, suficiente para la aplicación de la pena capital.