Fuerza Popular afirma que no renovar contratos de sus militantes es discriminación.
Indignación ha causado la publicación donde informan de la planilla del Congreso formada por adeptos del partido Fuerza Popular , que en algunos casos trabajaban en familia.
El parlamentario Marco Arana del Frente Amplio le dijo a Salaverry en un oficio que “desde 2016 [el Congreso] ha servido para dar trabajo bien remunerado y sin concurso de méritos a personal allegado a Keiko Fujimori”.
Javier Velásquez Quesquén del Apra dijo ayer: “Si se ha contratado familiares, es un delito. Es nepotismo. Me parece bien la decisión de Daniel Salaverry”. El legislador pidió que se haga pública la planilla de los funcionarios del Congreso y el personal de confianza. Además, pidió que el tema sea investigado.
ES DISCRIMINACIÓN
Desde Fuerza Popular, Úrsula Letona indicó que la no renovación de contratos de sus militantes “es discriminación en negativo. Deben primar razones técnicas”.
El mismo argumento tuvo Karla Schaefer, quien defendió a la funcionaria Leny Palma, jefa de la Oficina de Participación del Congreso.
La jefa de la Oficina de Participación en donde se refugió parte de la militancia de Fuerza Popular gana S/14,500.
Desde esta oficina congresal se coordinaron las movilizaciones a favor de la liberación de Keiko Fujimori cuando estuvo con prisión preliminar en octubre de 2018.
