• José Lazo Arce deberá cumplir 52 jornadas de trabajo comunitario y pagar S/ 2,000 de reparación civil a favor de su exconviviente, tras la ratificación unánime de la sentencia en segunda instancia.

La Sala Penal de Apelaciones de San Martín – Tarapoto confirmó por unanimidad la condena contra José Lazo Arce, actual alcalde del distrito de Juan Guerra, como autor del delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar, en la modalidad de violencia psicológica, en agravio de su exconviviente Christina Valeria Quique Guerrero. 

La resolución ratifica la sanción impuesta en primera instancia por los hechos denunciados durante su relación de convivencia.

El tribunal superior mantuvo la pena de un año de privación de libertad efectiva, convertida en 52 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo apercibimiento de revocación en caso de incumplimiento. Asimismo, confirmó el pago de S/ 2,000 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y las medidas de protección correspondientes.

Según los hechos establecidos en el proceso judicial, durante la convivencia de la pareja, en una vivienda del distrito de Juan Guerra, se habría desarrollado una dinámica de control, dependencia económica y desvalorización verbal. Uno de los episodios determinantes ocurrió la mañana del 6 de noviembre de 2025, cuando el acusado habría proferido expresiones insultantes y humillantes contra su entonces conviviente, ocasionándole afectación emocional.

La sentencia de primera instancia fue emitida el 31 de agosto de 2026 por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto, que también dispuso la inhabilitación por seis meses para prohibir al sentenciado acercarse a la víctima. Sin embargo, el juzgado lo absolvió del cargo de agresión física correspondiente a septiembre de 2025, debido a la falta de un reconocimiento médico legal que acreditara las lesiones y los días de incapacidad.

La defensa legal de José Lazo Arce apeló la condena y solicitó su absolución por supuesta duda razonable o, alternativamente, que se aplicara una reserva del fallo condenatorio. No obstante, la Sala Penal, integrada por los magistrados Ricardo Bernardino Gonzales Samillán, Modesto Amanqui Ramos y Rubén Daniel García Molina, rechazó los argumentos de la defensa y consideró que el informe psicológico del Centro Emergencia Mujer constituía un elemento probatorio válido para acreditar la afectación emocional de la agraviada.

Con esta decisión, la condena contra el burgomaestre queda ratificada en segunda instancia. La resolución dispone la ejecución de las 52 jornadas de trabajo comunitario a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mantiene las medidas de protección a favor de la víctima y establece el pago de las costas procesales. El caso adquiere especial atención pública debido a que el sentenciado ejerce actualmente el cargo de alcalde del distrito de Juan Guerra.