La Tercera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda presentada por la exfiscal suprema y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, y dejó sin efecto la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos que le impuso el Congreso de la República.

La sentencia dispone la reincorporación de Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público, siempre que no exista alguna resolución administrativa, judicial u otra medida legal que impida su retorno al cargo.

Asimismo, el fallo declara inaplicable la resolución legislativa mediante la cual el Congreso aprobó el levantamiento del antejuicio político para procesarla por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones.

La sanción contra Delia Espinoza fue aprobada en diciembre pasado con los votos de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú. En tanto, congresistas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú, Bloque Democrático, Honor y Democracia, además de parlamentarios no agrupados, votaron en contra de la medida.

Según la resolución judicial, el Congreso no justificó adecuadamente el trato diferenciado aplicado a Espinoza respecto de otros fiscales que enfrentaban una situación jurídica similar. Los magistrados concluyeron que se vulneró su derecho a la igualdad ante la ley al no existir argumentos objetivos que sustentaran la sanción impuesta exclusivamente en su contra.

“No se advierte justificación o argumento alguno que permita inferir las razones objetivas de dicho trato diferenciado”, señala la sentencia de la Sala Constitucional.

No obstante, pese a la decisión favorable, el retorno de Espinoza al Ministerio Público aún enfrenta obstáculos legales. Tras la inhabilitación aprobada por el Congreso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso inicialmente su suspensión por seis meses y posteriormente su destitución. Además, la exfiscal afronta una segunda inhabilitación por diez años aprobada por el Parlamento.

La decisión judicial representa un importante revés para el Congreso y reabre el debate sobre los límites de las facultades sancionadoras del Legislativo frente a altos funcionarios del sistema de justicia.