La Comisión de Constitución del Congreso aprobó —con 14 votos a favor y 3 en contra— la restitución de la inmunidad parlamentaria para los legisladores que asuman funciones desde el año 2026. La propuesta deberá ser ahora debatida en el Pleno del Congreso.
De aprobarse, ningún congresista podrá ser arrestado ni procesado judicialmente sin autorización del Parlamento. Incluso en casos de flagrancia, será el Congreso el que decida en un plazo de 24 horas si entrega al legislador a la justicia. Esta iniciativa ha desatado polémica: para algunos se trata de una protección institucional necesaria, pero para otros es una clara señal de impunidad disfrazada.
“Mientras la ciudadanía exige transparencia, el Congreso se resguarda”, advierten críticos.
Para el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, la medida representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción.
“Es una contrarreforma. La tendencia global es eliminar privilegios. Lo aprobado ahora es una barrera que históricamente se ha usado como escudo de impunidad en el Perú”, declaró a Perú21.
En tanto, el constitucionalista Delgado Guembes sostuvo que esta norma protegería a los legisladores frente a acusaciones infundadas, pero cuestionó el plazo de 30 días establecido para decidir si se levanta o no la inmunidad.
“Ese trámite puede resolverse en tres días. No hay razón para que se extienda tanto”, afirmó.
Guembes también explicó que si el Congreso no se pronuncia dentro del plazo previsto, la Corte Suprema podrá iniciar el proceso judicial contra el congresista implicado.
“Si en 30 días no hay pronunciamiento, se presume que puede proceder el enjuiciamiento”, detalló.
Finalmente, Rospigliosi subrayó que la figura de la inmunidad parlamentaria es anacrónica y advirtió que, de mantenerse, podría facilitar la impunidad en casos de congresistas cuestionados.