Moyobamba. El procurador público regional, abogado Carlos Ulloa, dijo que se ejecutó un fallo judicial que no está debidamente concluido, esto es con relación a los pagos de beneficios a funcionarios y trabajadores del sector Educación, ordenados por la directora regional de Educación de San Martín, Karina Ortiz.
“Los beneficiados han sido 218 y de otro sector 221. Nosotros vamos a estudiar técnicamente este tema para emitir nuestra opinión y de ser el caso vamos a tener asesoría externa para tal fin. La Procuraduría está para defender los intereses del Estado”, recalca.
“Tengo la orden del presidente regional Javier Ocampo, para ver la naturaleza de los pagos y si fueron hechos de acuerdo a la ley, por ello estamos haciendo consultas a instancias correspondientes para ver la legalidad de este pago efectuado”.
Ulloa, dice que efectuarán una denuncia penal si corresponde o se efectuarán los correctivos del caso. No es una persecución de la Procuraduría Regional, porque la controversia es por el número de beneficiados y porque las cosas no están clarificadas, sostuvo, pero enfatizó que si hubo delito realizarán un informe a la Presidencia Regional de San Martín.
Dijo también que se habrían estado pagando estos derechos con fondos que no corresponden presupuestariamente y si bien existe la descentralización pero administrativamente en muchos casos se depende del Ministerio de Economía y Finanzas y por ello es el (MEF), quien debe autorizar todo pago, de lo contrario incurren en responsabilidad penal, concluyó. (Alfonso Delgado Gonzales).