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miércoles, diciembre 11, 2024
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Publican lista de principales insumos para producción de alimentos exonerados del IGV

Se consideraron a los insumos de la carne de pollo y huevos: pollos bebé, pollos vivos de mayor tamaño, maíz amarillo duro, almidón de maíz, grasas y aceite de pescado, aceite de soya en bruto y fracciones, y preparaciones alimenticias de harina y de concentrado de soya, los insumos de los fideos (trigo duro y harina de trigo); del pan (trigo, harina de trigo, mezclas para la preparación de productos de panadería, levadura, mejoradores de panificación y salvado); y del azúcar (caña de azúcar)

Esta exoneración del IGV a los principales alimentos de la canasta básica familiar, publicada el 14 de abril del 2022, aplica desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio del 2022. Esto es por un período no mayor a 3 meses.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó las disposiciones complementarias a la Ley Nº 31452, que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de la canasta básica familiar, donde se precisan los principales insumos para la producción de tales alimentos que también serán exonerados.

También se precisó que el IGV generado por comercializar y/o importar tales insumos podrá ser aplicado como crédito fiscal.

Las disposiciones acogen las propuestas de especialistas tributarios, para aplicar mecanismos que favorezcan que las exoneraciones a los alimentos se reflejen en los precios finales para los consumidores.

Asimismo, para identificar a los principales insumos considerados en estas medidas complementarias se contó con el aporte de diferentes estudios, investigaciones universitarias, e información remitida por algunos gremios y asociaciones empresariales, como la Asociación Peruana de Avicultura (APA) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Además, se han considerado los siguientes criterios concurrentes para determinar los principales insumos: i) estos tengan una participación preponderante en la estructura de costos de producción; ii) los bienes cuya adquisición y/o importación estén gravados con IGV; y, iii) el insumo sea usado directamente en la elaboración y/o fabricación del bien exonerado o que sean indispensables para su distribución/comercialización.

La norma otorga crédito fiscal a los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes que temporalmente se exonerarán del IGV, a fin de que no incremente el costo final del bien.

Para el gobierno

El objetivo de la medida es proteger del alza de precios a los hogares de menores ingresos, quiénes más se deberán beneficiar serán los hogares en donde el consumo de los nuevos productos exonerados tenga una participación mayor.

Estudios previos del impacto de las exoneraciones del IGV demuestran que en el Perú las exoneraciones del IGV están mal diseñadas y son regresivas (benefician más a los que más ganan)

El análisis según los especialistas del Instituto Peruano de Economía

El Ejecutivo aprobó la incorporación temporal de nuevos productos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y la exoneración por tres meses del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos y el diésel. El objetivo central de este impuesto es reducir el uso de combustibles fósiles contaminantes.

El congreso aprobó el jueves la exoneración por nueve meses del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos alimenticios de la canasta básica como el pollo, huevos, harinas, así como la devolución del crédito fiscal del IGV acumulado a las empresas pertenecientes a la cadena de producción de estos alimentos.

Dado que estas medidas se aplican sobre las ventas mayoristas, no se traducen por completo en menores precios para los consumidores finales. En el caso de los combustibles, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, señala que los consumidores solo percibirían un 40% de esa reducción. Según el especialista, esto se debe a la presencia de múltiples intermediarios dentro de la cadena de producción –especialmente en el caso del GLP– y a la baja sensibilidad de la demanda ante el cambio en los precios.

La disminución parcial de los precios no beneficiaría principalmente a los más vulnerables, indica Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas. De acuerdo con el experto, estos mecanismos son transversales para todos los consumidores, por lo que las familias de mayores recursos resultan proporcionalmente más beneficiadas al destinar una mayor proporción de su gasto al consumo de combustibles. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2020, estas familias también asignan un mayor porcentaje de su gasto total en alimentos a los productos recientemente exonerados del pago de IGV.

Alto costo

Se prevé que la tendencia creciente del precio internacional del petróleo y los productos agropecuarios se mantenga en los próximos meses, por lo que el FEPC pasaría de funcionar como un mecanismo para evitar fluctuaciones abruptas del precio internacional del petróleo a un subsidio que asumiríamos todos los peruanos.

En conjunto, se estima que la exoneración del ISC a los combustibles e IGV a los alimentos supondría un costo fiscal de alrededor de S/400 millones mensuales. Asumiendo que estas medidas se mantendrán hasta fin de año, el costo sería de S/3.600 millones, equivalente al gasto total de los programas sociales Qali Warma, Juntos y Pensión 65 en el 2021. Lamentablemente, se estima que más de la mitad de las exoneraciones terminarían beneficiando a los hogares de los dos quintiles más altos de ingresos.

Además, existe un gran riesgo de que las medidas implementadas por el Gobierno no sean temporales, debido al costo político de retirarlas una vez implementadas. Un ejemplo de ello son las numerosas prórrogas al programa de sustitución de beneficios en el IGV e ISC a la Amazonía promulgada en el 2007 y que debió culminar en el 2009, pero sigue vigente hasta hoy. Ese escenario supondría un daño fiscal mucho más significativo, desequilibrando las cuentas fiscales en el mediano plazo.

¿A qué apuntar? matriz energética: Actualmente, las importantes reservas gasíferas con las que cuenta el país no se aprovechan en su totalidad, ya que cerca de un quinto de la extracción de gas en el Perú se reinyecta (devuelve al pozo) por la falta de demanda e infraestructura.

En este contexto, resulta relevante repensar las medidas para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Diego Winkelried, profesor principal de la Universidad del Pacífico, señala que las políticas de transferencias focalizadas resultarían más efectivas y menos costosas para el Estado. En este sentido, considera que el reciente incremento del bono del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de S/20 a S/25 a la compra de balones de GLP para las familias de menores recursos y el aumento de las transferencias a los programas sociales como Juntos y Pensión 65 cumplen un rol clave.

No obstante, advierte que, en la medida que los padrones no se encuentren actualizados, los beneficios no llegarán completamente a la población objetivo.

Por último, Vásquez y Tamayo coinciden en que hacia el mediano plazo se debe orientar la matriz energética hacia una mayor utilización del gas natural, que es más barato y menos contaminante que los combustibles tradicionales. Actualmente, las importantes reservas gasíferas con las que cuenta el país no se aprovechan en su totalidad, ya que cerca de un quinto de la extracción de gas en el Perú se reinyecta (devuelve al pozo) por la falta de demanda e infraestructura. La masificación del gas natural requiere destrabar proyectos paralizados y una reforma integral de la política energética.

Fuente: https://www.ipe.org.pe/portal/nuevas-exoneraciones-costarian-s-400-millones-mensuales/

 

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