Por: Genaro Del Carpio -Especialista en Gestión Corporativa –
En las últimas elecciones generales hubo un debate entre todos los candidatos con el objeto que expusieran las soluciones al tema grave de la corrupción en nuestro país, casi todos por no decir todos, proponían soluciones que ya tenían un marco legal aprobado:
Decreto Legislativo Nº 1327 (05.01.2017) Medidas de protección para el denunciante y sanciona denuncias de mala fe.
Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM (13.09.2017) Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM (22.042018) Medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción
Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM (26.04.2018) Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
La obligatoriedad de la creación de una oficina de Integridad en las entidades
Implementar una gestión de riesgos
Establecer políticas de integridad que incluya:
Código de Ética
Política de Conflictos de interés
Política de regalos, cortesías, atenciones y otros.
Política de diligencia debida según cada grupo de interés
Política de incentivos y reconocimientos al personal
Política de contratación de personal
Plan de Integridad y lucha contra la corrupción institucional
Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas
Controles Internos, Externos y auditoria
En cuanto a la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción se especifica claramente la implementación de tres ejes:
EJE 1 – Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción
EJE 2 – Identificación y gestión de riesgos
EJE 3 – Capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.
Como se puede apreciar ya están dadas las condiciones con el objeto que las entidades y empresas del Estado puedan empezar a elaborar la respectiva norma legal para luchar contra la corrupción. Sin embargo, dos de los factores que impiden que esto se lleve a cabo son los siguientes:
Los titulares de las entidades hacen caso omiso a los dispositivos legales aprobados, es decir, no se preocupan por implementar. Es por esta razón que se ha desarrollado un sistema denominado COMPLIANCE. La palabra compliance viene del término inglés, “cumplimiento”, y está referido, básicamente al cumplimiento normativo. Es decir, el velar porque las entidades no vulneren o se vean afectadas por el incumplimiento de normas vigentes aplicables a su negocio
Una segunda razón es que luego de haber elaborado y aprobados las normas internas, no se efectúa el seguimiento pertinente para verificar su real cumplimiento .
Un claro ejemplo son las innumerables leyes que no se pueden ejecutar porque no tienen todavía aprobado su respectivo reglamento.
Otro de los temas que causa honda preocupación es la escasa preocupación, desinterés e inclusive mala intención de los postulantes a los gobiernos regionales y locales en cuanto a:
No tienen y/o preparan cuadros de profesionales para los futuros cargos en caso de asumir la gestión de estas entidades.
No toman real conciencia del estado en que reciben las entidades a las cuales están postulando, para lo cual tienen a su disposición toda la información pertinente en los portales de transparencia o en el MEF, presidencia del Consejo de ministros, CEPLAN, Contraloría General de la República, etc.
No presentan en forma profesional un programa de gobierno que explique detalladamente lo que piensan ejecutar en el periodo de 4 años de su gobierno, pero por sobre todo el cómo lo van a efectivizar.
No presentan en forma oportuna y a veces ni siquiera lo hacen, un informe completo de como financiaron su campaña electoral, esto con el objeto de transparentar sus acciones precisamente ante los ciudadanos que los eligieron.
Como se podrá ver, el no cumplimiento de estas simples acciones abre una compuerta de suposiciones que, desde el inicio de sus gobiernos, les restan credibilidad, factor muy importante en cuanto a la gestión de los recursos del Estado. Quizás es por estas razones que los titulares y funcionarios de los gobiernos regionales y locales en su mayoría terminan seriamente cuestionados o con problemas graves con la justicia. Seguiremos.