En medio del fuego cruzado entre denuncias de sabotaje institucional y defensas normativas, queda en evidencia que la lucha contra la criminalidad carcelaria no admite vacíos legales ni demoras burocráticas.
Una grave acusación sacudió la escena política cuando el senador de Renovación Popular (RP), Absalón Vásquez, denunció públicamente a través de sus redes sociales que ‘malos funcionarios’ de Osiptel estarían boicoteando el trabajo del gobierno al suspender 16 artículos de una resolución clave diseñada para bloquear celulares y cortar líneas utilizadas de forma ilegal en las cárceles, exigiendo la destitución inmediata de los responsables y advirtiendo directamente a la presidenta Keiko Fujimori para que no se deje sorprender por estas acciones.
El parlamentario argumentó que estas trabas obstaculizan las medidas efectivas contra la delincuencia intramuros, motivo por el cual presentó ante su bancada, el pasado 9 de setiembre, un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones que plantea responsabilidad penal y cárcel para los gerentes de las empresas de telecomunicaciones que incumplan con sus obligaciones de bloqueo. Ante esta airada postura, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel)salió al paso para aclarar que la suspensión temporal de dichos artículos no elimina de ninguna manera los deberes de las operadoras, precisando que las compañías mantienen la estricta obligación de cortar el servicio móvil y bloquear los equipos al detectar usos prohibidos, siempre que se cumplan las condiciones del procedimiento formal establecido.
La tecnología y las normas solo sirven si se aplican sin titubeos; exigir responsabilidad penal a los operadores y firmeza a los reguladores es el único camino para cortar, de una vez por todas, el cordón umbilical del delito desde las cárceles.
