“La naturaleza avisa; la indiferencia decide si el desastre nos alcanza.”

La advertencia está sobre la mesa y esta vez no viene de rumores, pronósticos improvisados ni de las redes sociales. Viene de la Contraloría General de la República, luego de una visita de control realizada entre el 3 y el 9 de julio de 2026 al Gobierno Regional de San Martín (GORESAM). El mensaje es claro y debería encender todas las alarmas: existen puntos críticos identificados, existen fichas técnicas elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), existe presupuesto para intervenir, pero decenas de zonas consideradas de peligro “Muy Alto” y “Alto” continúan sin atención preventiva.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 10638-2026-CG/GRSM-SVC, de las 79 fichas técnicas referenciales remitidas por la ANA correspondientes al año 2025, 68 puntos críticos no registraban intervención para trabajos de limpieza, descolmatación o protección ribereña. A ello se suman 5 fichas adicionales, entregadas en junio de 2026, todas calificadas con nivel de peligro “Muy Alto”, que tampoco registraban acciones. En conjunto, la Contraloría advierte que 73 de 85 puntos críticos identificados en el periodo 2025-2026 permanecían sin atención.

Y aquí aparece la pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formular: si el peligro estaba identificado, si la autoridad técnica había advertido dónde estaban los puntos vulnerables y si había recursos asignados para atender emergencias, ¿por qué no se actuó oportunamente?

La respuesta no puede esperar a que el río se desborde, que una quebrada se active, que una carretera quede bloqueada o que una familia termine con el agua dentro de su vivienda.

Porque después del desastre siempre aparecen las maquinarias, las reuniones de emergencia, los comunicados, las declaraciones, las bolsas de ayuda y las fotografías. Lo difícil, al parecer, sigue siendo hacer prevención cuando todavía hay tiempo para evitar que el daño sea mayor.

La Contraloría también encontró una baja ejecución presupuestal. Durante 2025, el Gobierno Regional de San Martín tenía un presupuesto de S/ 3 819 883 para las actividades evaluadas y ejecutó S/ 1 814 123, equivalente al 47,5 %. Para 2026, la entidad recibió S/ 4 481 307 para actividades de emergencia y, según la revisión efectuada por el órgano de control, había ejecutado S/ 1 636 748, apenas el 36,5 %.

Es decir, mientras en el territorio existen ríos, quebradas y sectores identificados con niveles de peligro “Muy Alto” y “Alto”, una parte importante del presupuesto destinado precisamente a atender estas situaciones permanece sin ejecutar.

Y eso no es una simple cifra contable.

Detrás de cada punto crítico hay personas. Hay viviendas. Hay escuelas. Hay establecimientos de salud. Hay caminos vecinales y carreteras. Hay puentes. Hay parcelas. Hay cultivos. Hay familias que dependen de que una vía permanezca abierta para sacar su producción y comprar alimentos, medicinas o combustible.

San Martín no es una región ajena a los efectos de las lluvias intensas. Por el contrario, su geografía, sus ríos, quebradas, laderas y extensas zonas agrícolas hacen que una emergencia hidrometeorológica pueda convertirse rápidamente en un problema social y económico.

El propio Gobierno Regional de San Martín reconoce en sus instrumentos de planificación que la ocupación desordenada del territorio, la expansión de actividades agropecuarias, la apertura de vías y la instalación de centros poblados y servicios sin suficiente planificación han contribuido a procesos de deforestación y degradación de los bosques, aumentando el estrés territorial.

Y aquí aparece otro componente que no puede ser ignorado: la deforestación.

Cuando desaparece la cobertura vegetal de las laderas y cabeceras de cuenca, el territorio pierde parte de su capacidad natural para regular el agua. En determinados sectores, las lluvias intensas pueden favorecer la saturación de los suelos, la erosión, los deslizamientos y la activación de quebradas. No se trata de una especulación teórica. En 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que las lluvias intensas registradas entre diciembre de 2025 y abril de 2026, combinadas con la deforestación en las laderas del caserío Eladio Tapullima, en la provincia de El Dorado, desencadenaron múltiples deslizamientos que afectaron a la población y la infraestructura local.

Por eso la prevención no puede reducirse a limpiar un cauce cuando la emergencia ya comenzó. La prevención debe mirar la cuenca completa, las laderas, las quebradas, los bosques, los centros poblados, las carreteras y las zonas agrícolas.

En materia de agricultura, el problema puede ser todavía más delicado.

San Martín tiene una economía profundamente vinculada al campo. El café, el cacao, el arroz, el plátano, el maíz y otros productos sostienen miles de familias. El MIDAGRI reportó que la agricultura, ganadería, caza y silvicultura representaron en 2024 el 27,5 % del Valor Agregado Bruto regional, consolidándose como la principal actividad económica de San Martín.

Por eso una inundación no termina cuando baja el agua.

Puede dejar cultivos bajo el barro, erosionar terrenos, destruir canales de riego, afectar caminos de acceso, interrumpir el transporte de la cosecha y generar pérdidas que golpean directamente al pequeño productor.

El arroz, cultivado en zonas que dependen de una adecuada regulación hídrica y de canales de riego, puede sufrir pérdidas cuando las inundaciones superan la capacidad de drenaje. El cacao y el café, además de enfrentar los efectos de lluvias excesivas, dependen de caminos transitables para trasladar la cosecha desde las zonas productoras hacia centros de acopio y mercados.

El palmito, otro producto presente en la actividad agrícola regional, tampoco está al margen de los riesgos asociados a lluvias intensas, inundaciones y afectación de vías. Un reporte del propio Gobierno Regional registró, por ejemplo, daños ocasionados por incendios forestales en 2024 que alcanzaron cultivos de café, cacao y palmito, una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan las cadenas productivas ante eventos extremos y degradación ambiental.

Y hay una paradoja que San Martín debe enfrentar: la agricultura necesita del bosque y del agua, pero una expansión productiva sin adecuada planificación puede terminar debilitando los mismos ecosistemas de los que depende.

Por eso el debate sobre prevención de inundaciones debe conectarse necesariamente con el debate sobre deforestación, ordenamiento territorial y agricultura sostenible. El MINAM viene impulsando en San Martín proyectos orientados precisamente a promover cadenas de café y cacao libres de deforestación, debido a la relación entre producción agropecuaria, conservación de bosques y competitividad.

El riesgo tampoco termina en las chacras.

Cuando una creciente destruye o interrumpe una vía de comunicación, el productor puede quedarse con la cosecha en la parcela y sin posibilidad de trasladarla. Una carretera bloqueada significa más que un problema de tránsito: puede significar alimentos que no llegan a los mercados, pacientes que tienen dificultades para trasladarse, estudiantes que no pueden llegar a sus centros educativos, productores que pierden días de trabajo y comunidades que quedan temporalmente aisladas.

Y si el agua afecta un puente, una alcantarilla o un tramo de carretera, la recuperación posterior puede demandar mucho más dinero que la intervención preventiva que pudo realizarse antes.

En materia de salud pública, una inundación también puede generar una cadena de problemas. El agua estancada, la contaminación de fuentes de abastecimiento y la dificultad para acceder a establecimientos sanitarios pueden aumentar la exposición de la población a enfermedades y complicar la atención de pacientes. En una región donde existen zonas rurales dispersas, el aislamiento de una comunidad puede convertirse rápidamente en una emergencia sanitaria cuando el establecimiento de salud más cercano queda incomunicado.

Las escuelas tampoco son simples edificios.

Son lugares donde miles de niños y adolescentes pasan buena parte de su día. Una inundación o un deslizamiento puede dañar aulas, servicios higiénicos, sistemas de agua, accesos y mobiliario, pero también interrumpir las clases y afectar a familias que ya enfrentan condiciones económicas difíciles.

Y mientras todo esto ocurre, la Contraloría señala que existen fichas técnicas referenciales que precisamente buscan orientar intervenciones en puntos críticos de ríos y quebradas.

No estamos hablando de un peligro desconocido.

La ANA identificó los puntos. Las fichas describen las intervenciones necesarias. La Contraloría verificó el nivel de atención. El presupuesto existe. Y el riesgo está presente.

Entonces, ¿qué falta? Decisión. Prioridad. Gestión. Ejecución.

La Contraloría ha notificado al titular del Gobierno Regional de San Martín para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes. Además, estableció que la entidad debe comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI), en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, adjuntando la documentación que las sustente.

Ese plazo no debería convertirse en otro trámite administrativo que duerma en un escritorio.

Debe ser el punto de partida para una reacción inmediata.

Porque cada día que pasa sin intervenir un punto crítico es un día menos para prepararse antes de la próxima lluvia intensa.

San Martín conoce demasiado bien el precio de esperar.

La región necesita que sus autoridades miren más allá de la emergencia y comprendan que prevenir no es gastar por gastar. Prevenir significa proteger vidas, viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, puentes, cultivos y fuentes de ingreso. Significa invertir antes de que el daño sea irreversible.

Y también significa entender que una política seria de prevención no puede limitarse a las riberas de los ríos. Tiene que comenzar en las cuencas, proteger los bosques, ordenar el territorio, controlar la ocupación de zonas vulnerables, recuperar áreas degradadas y promover una agricultura compatible con la conservación.

Porque si seguimos ocupando zonas de riesgo, deforestando laderas, debilitando las cuencas y esperando que la emergencia obligue a reaccionar, después no podremos decir que nadie nos avisó.

La naturaleza avisa. La ciencia advierte. La ANA identifica. La Contraloría observa. El presupuesto está. Lo que no puede faltar es la voluntad de actuar.

La pregunta que queda flotando en el aire es sencilla y contundente: ¿cuánto más necesitamos para reaccionar?

No esperemos el desborde del Huallaga, del mayo, del Sisa, del Saposoa, del Biavo, del Cumbaza, del Shanusi, del Ponaza o de cualquier quebrada para descubrir que el riesgo era real.

No esperemos las fotografías de familias evacuadas para recordar que existían puntos críticos. No esperemos carreteras partidas para hablar de prevención. No esperemos escuelas inundadas para preguntarnos por qué no se actuó. No esperemos que el agricultor vea su café, cacao, arroz o palmito bajo el agua para entender que la prevención también es defender la economía regional.

Reaccionen ahora: Porque después del desastre siempre habrá tiempo para explicar lo que pasó.

Lo que no habrá es tiempo para devolverle a una familia la casa perdida, al agricultor la cosecha destruida o a una comunidad el puente que la comunicaba con el resto de la región.

Los desastres naturales no siempre pueden evitarse; pero muchas de las tragedias que provocan la falta de prevención y la indiferencia sí pueden reducirse.

La pregunta ya no es si debemos actuar. La pregunta es por qué todavía no lo hemos hecho. Por: Beto Cabrera Marina