La verdadera eficiencia del Estado no se mide por la velocidad de los trámites, sino por su capacidad de modernizar sin pisotear los derechos fundamentales de sus poblaciones más vulnerables.

Un llamado de atención internacional ha puesto bajo la lupa las pretensiones normativas del Gobierno peruano. Un grupo conformado por 9relatores especiales de la ONU. Los relatores especiales expresaron formalmente su profunda preocupación ante los graves riesgos que el pedido de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivopodría desencadenar en materia ambiental y de protección social.

De acuerdo con el documento oficial analizado por los expertos internacionales, la iniciativa legislativa «podría tener un serio impacto en los derechos humanos», advirtiendo de manera específica que los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones rurales serían los sectores más expuestos a sufrir los estragos de esta flexibilización.

La misiva que respalda esta advertencia lleva la firma de destacados especialistas en la materia, entre ellos Astrid Puentes Riaño (experta en ambiente sano), Elisa Morgera (cambio climático), Albert K. Barume (pueblos indígenas), Bethanie Margaret Carney Almroth (sustancias y desechos peligrosos) y Pedro Arrojo-Agudo (agua potable y saneamiento) entre otros.

No obstante, los comisionados aclararon que ninguno rechazó la idea de acelerar los trámites, reconociendo explícitamente que la eficiencia y la simplificación son «objetivos legítimos de política pública»; sin embargo, exigieron de forma categórica que cualquier modificación normativa se realice «sin que ello afecte negativamente los derechos humanos» y solicitaron formalmente conocer cuáles fueron los estudios técnicos previos que se realizaron antes de estructurar y preparar dicho proyecto.

Desarrollar un país no puede significar avanzar a costa de su propia gente; la modernidad institucional exige leyes ágiles, pero firmemente ancladas en la justicia social y el respeto absoluto al medio ambiente.