El Ejecutivo dispuso una modernización de hasta 120 días en el Ministerio de Energía y Minas y sus organismos adscritos, en un contexto donde más de la mitad de las exportaciones auríferas del país provendrían de la ilegalidad.
El Gobierno oficializó la reorganización y modernización del Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como del Instituto Geológico, Minero y Metallúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), a través del Decreto Supremo N.° 018-2026-EM, con un plazo de revisión de hasta 120 días para corregir fallas estructurales en inversiones, trámites y gestión de conflictos socioambientales. Esta medida busca diagnosticar la situación administrativa, el presupuesto y las inversiones públicas, con un informe de avance presentado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a los 60 días de la norma.
Paralelamente, una columna de Víctor Fuentes, gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicada en el diario La República, advierte sobre el reverso del éxito económico nacional: el crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Según estimaciones del IPE, en 2026 más del 52% del oro exportado por el Perú será de origen ilegal, alcanzando un valor de al menos US$ 16 mil millones, superando la suma de todas las agroexportaciones (US$ 15 mil millones) y situándose por debajo del cobre (US$ 30 mil millones). Este auge clandestino se nutre de los altos precios internacionales y de las debilidades del Estado, como el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual se ha convertido en un blindaje para la expansión de economías ilegales.
Ante este escenario, el especialista señala que el principal desafío radica en establecer una verdadera distinción entre los pequeños productores que pueden formalizarse —otorgándoles asistencia y plazos claros— y aquellos que operan en zonas prohibidas o incumplen la ley, quienes deben enfrentar fiscalización, sanciones e interdicción. Asimismo, se destaca la necesidad de controlar la comercialización a través de un mayor rigor en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), donde operan empresas procesadoras y comercializadoras que se han triplicado desde la pandemia, recordando que las reglas y su cumplimiento son responsabilidad ineludible del Estado para evitar que la ilegalidad siga ganando terreno.
