Representantes de la empresa Megaluz, dedicada a la fabricación de postes de concreto y fibra de vidrio, expresaron su malestar ante presuntas irregularidades en el monitoreo de calidad del aire realizado desde octubre del año pasado. Según denunciaron, la evaluación, ordenada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), fue ejecutada por un laboratorio acreditado que no contaría con personal idóneo para esta labor, lo que no solo perjudica a la empresa, sino que pone en riesgo el derecho a la libertad de empresa en el país.
Artemio Guerrero Chávez, gerente de la empresa, manifestó que, tras realizar una consulta ante el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, se descubrió que los técnicos encargados del monitoreo no eran ingenieros, como lo certifica un documento firmado por el decano de dicha institución. Además, el único profesional que suscribió el informe carecía de colegiatura en la fecha en que se efectuó la evaluación y su especialidad correspondía a la industria alimentaria, lo que genera dudas sobre la validez de los resultados obtenidos.
Guerrero Chávez considera esta situación un atropello a sus derechos y advirtió que otras empresas también han sido fiscalizadas bajo las mismas condiciones. Asimismo, cuestionó la normativa técnica invocada por OEFA, señalando que, según el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), no es de cumplimiento obligatorio. Esto, a su juicio, evidencia una falta de proporcionalidad en las medidas adoptadas y pone en duda la legitimidad de las sanciones impuestas por la Dirección de Industria.
Entre los funcionarios que denunciaron estas irregularidades se encuentran Arturo Garcés, jefe de Operaciones; Edgar Prudencio y Gerson Sosaya, inspectores; Karin López, jefa de Laboratorio; y Marcos Orozco, coordinador de Laboratorio. Todos ellos exigen una revisión exhaustiva de los procedimientos de fiscalización y la contratación de personal calificado para garantizar evaluaciones justas y técnicas.
Megaluz ha solicitado la intervención de las autoridades competentes para esclarecer la situación y asegurar que las futuras fiscalizaciones sean realizadas por profesionales debidamente capacitados y acreditados en la materia.