El reconocimiento de un resultado electoral no pone fin al debate político. En una democracia, las diferencias pueden trasladarse a los espacios institucionales y legales, donde el reto principal es preservar el Estado de derecho y la estabilidad del país.

El excandidato presidencial Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, reconoció este lunes la derrota de su agrupación en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aunque sostuvo que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades y anunció el inicio de una estrategia política y jurídica para cuestionar el resultado en instancias internacionales.

Durante una entrevista concedida a RT en español, el también congresista afirmó que su organización fue derrotada en las urnas, pero insistió en que el desenlace electoral no refleja plenamente la voluntad popular. En ese contexto, señaló que respetará las decisiones de las autoridades nacionales, aunque precisó que agotará las vías legales disponibles fuera del país. «La instancia en el Perú es la última y lo que ellos determinen tendrá que respetarse, porque eso es la ley. Pero nuestra certeza no acaba allí. Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú», manifestó.

Las declaraciones del dirigente se produjeron el mismo día en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el conteo oficial alcanzó el 100 % de las actas procesadas, consolidando la victoria de Keiko Fujimori en el balotaje.

Según explicó Sánchez, su agrupación evalúa presentar recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que durante el proceso electoral se vulneraron derechos políticos. A su juicio, existen mecanismos internacionales que permitirían revisar los hechos denunciados por su organización.

En el plano político, el excandidato anunció la conformación de una coalición de resistencia, integrada por diputados, senadores y dirigentes sociales, con el propósito de ejercer oposición al próximo gobierno. Indicó que este bloque buscará defender derechos ciudadanos y articular acciones políticas frente a la futura administración.

Durante la entrevista, Roberto Sánchez cuestionó la legitimidad política de la virtual presidenta electa al señalar que, en su opinión, obtener la victoria en una elección no garantiza un comportamiento democrático. Asimismo, afirmó que diversas regiones del sur del país mantienen una posición crítica hacia Keiko Fujimori debido a lo que calificó como antecedentes relacionados con los derechos humanos.

El dirigente también hizo referencia al proceso político ocurrido tras las elecciones de 2021, recordando la disputa entre Pedro Castillo