Como titular de la Digemid, Maruja Crisante sostuvo con firmeza en un evento público que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) tendrá efectos negativos en el acceso a la salud, sobre todo para los más pobres, y en el presupuesto del sector. Solo un día después, este sábado, se promulgó la resolución con que la sacan del cargo.
En El Peruano se publicó la resolución 868-2016/Minsa, suscrita por la ministra Patricia García, que dispone su cese de las funciones que había asumido, en calidad de encargada, el 10 de octubre pasado como titular de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). En su lugar, acaba de ser designada la químico farmacéutica Vicky Roxana Flores Valenzuela.
El último viernes, Crisante participó como invitada en el foro público “TPP y acceso a medicamentos: ¿una ventaja para el Perú?”, que se realizó en el Congreso, y fue firme al exponer la oposición de la Digemid hacia el cuestionado acuerdo internacional. Para sustentar su posición, citó estudios realizados por el propio Ministerio de Salud (Minsa), entidad de la que depende el Digemid.
La salud en juego
Principalmente, centró sus críticas hacia el TPP en que establece la protección de cinco años a datos de prueba para medicamentos de origen biológico, lo que dilataría el periodo durante el cual no podrían ingresar al país biosimilares, es decir genéricos con precios mucho más baratos, lo que supondría una desventaja para los pacientes de cáncer o enfermedades autoinmunes (lupus, diabetes mellitus y muchas otras), en especial los más pobres, que no podrían adquirirlos.
“La protección de datos de prueba para productos biológicos es algo que no teníamos y creemos que puede constituir un problema”, indicó durante su presentación en el foro.
Según lo indicó Crisante, en el país “hay grandes grupos de pacientes que no pueden acceder a estas medicinas” por sus elevados precios, y el número de pacientes que requerirán de estas medicinas iría en aumento.
“Las proyecciones de las enfermedades no transmisibles y del cáncer muestran que estos problemas se extenderían aún más, con un consecuente impacto negativo en la salud de más peruanos y también en la situación financiera de las familias y de las instituciones del sector”, fue su advertencia y por eso la botaron.