“De los 109 gobiernos locales del país reportados con ejecución nula, 10 corresponden a San Martín, una región expuesta a lluvias intensas, inundaciones y desbordes.”

La advertencia de la Contraloría vuelve a poner en evidencia una preocupante brecha entre el dinero destinado a prevenir los efectos del fenómeno El Niño y la capacidad de los gobiernos locales para convertir esos recursos en obras y acciones concretas de protección.

La amenaza no está solamente en el cielo que puede oscurecerse durante días ni en los ríos que pueden recuperar su fuerza después de una temporada de lluvias intensas. También está en aquello que no se hizo a tiempo. San Martín, una región marcada por su exposición a inundaciones, desbordes, huaicos y precipitaciones intensas, la falta de ejecución de recursos destinados a reducir riesgos constituye una señal de alarma que no puede ser ignorada.

El reporte de la Contraloría General de la República revela una situación preocupante a nivel nacional: 317 municipalidades ejecutaron menos del 40 % de los recursos destinados a afrontar los efectos del fenómeno El Niño, mientras que 109 gobiernos locales registraron una ejecución de 0 %. Dentro de este preocupante panorama, San Martín aparece entre las regiones con mayor número de distritos reportados, con 10 distritos en la relación señalada por el organismo de control.

La gravedad del dato no está únicamente en el porcentaje. Un 0 % de ejecución significa que los recursos presupuestados para determinadas acciones de prevención no se tradujeron, al menos en el periodo evaluado, en gasto efectivo. Y cuando se habla de prevención frente a lluvias intensas, cada mes perdido puede significar una obra que no se construye, un drenaje que no se limpia, una defensa ribereña que no se refuerza o una zona vulnerable que continúa expuesta.

El problema adquiere una dimensión mayor en una región donde el riesgo climático no es una hipótesis lejana. En enero de 2026, el propio Gobierno Regional de San Martín informó que 23 distritos fueron declarados en estado de emergencia ante el muy alto riesgo asociado a intensas precipitaciones pluviales. La medida comprendió distritos de diversas provincias y buscó permitir acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a un escenario climático adverso.

Ese antecedente permite dimensionar lo que está en juego. San Martín no puede darse el lujo de esperar a que ocurra una emergencia para comenzar a actuar. La prevención tiene sentido precisamente antes de que el río crezca, antes de que una quebrada se active y antes de que una carretera quede interrumpida.

Entre los casos mencionados como referencia aparecen Papaplaya, en la provincia de San Martín, y Jepelacio, en la provincia de Moyobamba. Ambos territorios presentan condiciones que obligan a mantener una vigilancia permanente frente a los efectos de las precipitaciones y la dinámica de los ríos. En Papaplaya, la exposición a inundaciones del río Huallaga convierte cualquier retraso en las medidas preventivas en un factor adicional de vulnerabilidad.

En la provincia del El Dorado, la alta deforestación, enciende las alertas, en Jepelacio igual, deforestación y repentina incrementos del caudal del río Gera. Sin embargo, es importante precisar que la sola existencia de una notificación de control o una alerta presupuestal no equivale por sí misma a determinar responsabilidad administrativa, civil o penal de una autoridad. Son los informes y procedimientos correspondientes los que deben establecer las responsabilidades que eventualmente pudieran existir.

Un caso que también requiere claridad es Atumplaya, centro poblado perteneciente a Moyobamba. Al no constituir un distrito independiente, no cuenta con un pliego presupuestal municipal propio como una municipalidad distrital. Por ello, las acciones de inversión y prevención que correspondan dentro de su jurisdicción deben articularse con las entidades municipales competentes.

La preocupación, entonces, trasciende los nombres concretos. Las 10 provincias de San Martín, sus distritos y numerosos centros poblados enfrentan una combinación de vulnerabilidad territorial y limitaciones de infraestructura que puede convertirse en un problema mayor si las lluvias se intensifican. Una región atravesada por ríos, quebradas y extensas zonas rurales necesita que los recursos de prevención lleguen oportunamente al territorio y no permanezcan solamente como cifras dentro de un presupuesto.

El contraste resulta inquietante: mientras las instituciones advierten sobre escenarios de riesgo y se adoptan declaratorias de emergencia, los recursos destinados a reducir esa vulnerabilidad pueden permanecer sin utilizar. La prevención, en esas condiciones, corre el peligro de convertirse en una promesa administrativa en lugar de una realidad visible para las comunidades.

Por eso, el dato de 0 % de ejecución debe ser observado más allá de una estadística presupuestal. Representa una pregunta que las autoridades municipales deben responder con transparencia: ¿por qué no se utilizaron los recursos disponibles para reducir riesgos y qué acciones concretas se están adoptando para evitar que esa situación se repita?

La población de San Martín necesita respuestas antes de la emergencia, no explicaciones después de ella. Necesita saber cuánto dinero fue asignado, cuánto se gastó, qué proyectos fueron programados, cuáles están pendientes y qué obstáculos impidieron ejecutar los recursos. También necesita conocer qué municipios fueron advertidos y qué medidas correctivas adoptaron.

Porque cuando llegue una temporada de lluvias particularmente intensa, ya no habrá tiempo para corregir expedientes, destrabar procesos administrativos o acelerar presupuestos. El momento de prevenir es antes de que el agua suba.

Y esa es, precisamente, la dimensión más preocupante de la alerta: San Martín conoce sus riesgos, ha vivido emergencias y cuenta con recursos destinados a reducir vulnerabilidades. Lo que no puede permitirse es que la prevención llegue tarde.

Dato: “No han invertido nada, y no solamente no han invertido nada en limpieza de ríos, drenes, puntos críticos que podríamos advertir que van a afectar a la ciudad en el momento de las lluvias, sino que además recordemos que este programa presupuestal también les da la posibilidad de poder adquirir materiales y equipos en sus almacenes”, afirmó Luis Castillo Torrealva, gerente de la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría.