No esperemos que ocurran nuevas tragedias para actuar. La prevención, la planificación del territorio y la organización de la población deben convertirse en la primera línea de defensa frente a las inundaciones o sequías que podrían darse en la región.

Cada temporada de lluvias deja una pregunta que se repite una y otra vez: ¿por qué seguimos sufriendo los mismos desastres? La respuesta no está únicamente en la intensidad de las precipitaciones ni en los efectos del impacto climático. También está en la forma en que ocupamos el territorio, en la ausencia de una adecuada planificación urbana y rural, en la escasa cultura de prevención y en la demora para ejecutar obras e implementar políticas públicas que reduzcan el riesgo.

La naturaleza no puede detenerse; la improvisación sí.

La región San Martín es una de las más vulnerables del país frente a los fenómenos hidrometeorológicos. Los desbordes de los ríos Huallaga, Mayo, Huayabamba, Sisa, Tónchima y Cumbaza, sumados a las lluvias intensas, provocan cada año inundaciones, deslizamientos, huaicos, erosión de riberas, pérdida de cultivos, interrupción de carreteras y daños a viviendas, escuelas y establecimientos de salud.

Las cifras nacionales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), cada año las temporadas de lluvias afectan a decenas de miles de personas y ocasionan daños en miles de viviendas, además de pérdidas millonarias en infraestructura pública, agricultura y transporte. En el Perú, millones de ciudadanos viven en áreas expuestas a inundaciones y movimientos en masa, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) advierte que el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de los eventos extremos.

En San Martín, la expansión urbana sobre terrazas inundables, quebradas y laderas inestables continúa aumentando la exposición de la población. Muchas familias, por necesidad o falta de alternativas, construyen sus viviendas en lugares donde el riesgo es permanente. Cada nueva ocupación informal representa una futura emergencia y mayores costos para el Estado.

La experiencia demuestra que reconstruir siempre cuesta mucho más que prevenir. Cada sol invertido en prevención evita pérdidas económicas, reduce el impacto social y, sobre todo, salva vidas. Por ello, la adaptación al cambio climático debe dejar de verse como una política ambiental y convertirse en una prioridad para el desarrollo regional.

La respuesta exige una acción coordinada entre el Gobierno Regional de San Martín, las municipalidades provinciales y distritales, el INDECI, el CENEPRED, el SENAMHI, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada. Ninguna institución podrá enfrentar sola un problema que involucra ordenamiento territorial, infraestructura, conservación ambiental, educación y gestión del riesgo.

La agenda regional ya no admite postergaciones. Entre las principales acciones que deberían estar en la agenda pública destacan:

• Actualizar y hacer cumplir el ordenamiento territorial, evitando nuevas ocupaciones en zonas de alto riesgo no mitigable.
• Identificar, señalizar y georreferenciar las zonas vulnerables mediante mapas de riesgo accesibles para la población.
• Fortalecer los sistemas de alerta temprana en las principales cuencas de los ríos Huallaga, Mayo, Sisa, Huayabamba, Tónchima y Cumbaza, incorporando monitoreo hidrometeorológico en tiempo real.
• Ejecutar obras de protección ribereña, drenaje pluvial y estabilización de taludes donde los estudios técnicos lo justifiquen.
• Impulsar programas de reforestación y recuperación de cabeceras de cuenca, reduciendo la erosión y mejorando la regulación hídrica.
• Reubicar progresivamente a las familias asentadas en zonas de muy alto riesgo, garantizando alternativas seguras y sostenibles.
• Incorporar la gestión del riesgo y el cambio climático en la educación, promoviendo simulacros permanentes y cultura preventiva desde las instituciones educativas.
• Fortalecer la capacidad de respuesta de las municipalidades, dotándolas de equipos, personal capacitado y recursos para actuar antes y durante las emergencias.
• Promover una agricultura resiliente, con prácticas de conservación de suelos, manejo del agua y diversificación productiva para enfrentar eventos climáticos extremos.
• Incrementar la inversión pública en prevención, priorizando proyectos de reducción del riesgo antes que intervenciones exclusivamente reactivas.

La participación ciudadana también resulta determinante. La organización de la población, mediante juntas vecinales, comités comunitarios, rondas campesinas y brigadas de gestión del riesgo, fortalece la capacidad de respuesta local. Comunidades informadas identifican oportunamente los peligros, mantienen despejadas las rutas de evacuación, protegen las riberas y colaboran con las autoridades en la vigilancia del territorio.

La adaptación al cambio climático también implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los bosques amazónicos y promover un desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad. En una región como San Martín, donde el patrimonio natural constituye una de sus mayores fortalezas, la protección de los ecosistemas no es únicamente una responsabilidad ambiental, sino una inversión en seguridad, productividad y calidad de vida.

Cada inundación, cada deslizamiento y cada carretera interrumpida nos recuerdan que el riesgo no nace con la lluvia, sino con las decisiones que se dejan de tomar durante años. La verdadera diferencia entre una emergencia y un desastre está en la capacidad de anticiparnos. La prevención debe convertirse en una política permanente de Estado y en un compromiso cotidiano de toda la sociedad.

Porque las lluvias volverán. Lo que debe cambiar es nuestra manera de prepararnos para enfrentarlas. No esperemos la próxima tragedia para actuar. La prevención sigue siendo la inversión más inteligente y el camino más seguro para proteger vidas, preservar el desarrollo y construir una región San Martín más resiliente.

Las cifras

• Más de 93 600 personas de San Martín están expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones, según los escenarios elaborados por el CENEPRED para la temporada de lluvias 2026.
• En la región también se han identificado 775 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos en masa, donde viven aproximadamente 76 200 personas, existen 25 881 viviendas, 65 establecimientos de salud y 786 instituciones educativas potencialmente expuestas.
• A nivel nacional, los escenarios de riesgo estiman que las lluvias intensas podrían afectar a 945 494 personas, 279 447 viviendas, 829 establecimientos de salud, 5 084 locales educativos y más de 446 000 hectáreas agrícolas.

La verdadera emergencia no comienza cuando se desborda un río; comienza cuando un plan de desarrollo permite construir en una faja marginal, cuando un presupuesto deja de ejecutarse en prevención, cuando un mapa de riesgos permanece archivado y cuando una alerta temprana no llega a tiempo. Mientras la naturaleza seguirá su curso, las pérdidas humanas y económicas sí pueden reducirse. Esa diferencia depende exclusivamente de las decisiones que adopten hoy las autoridades y del compromiso de la ciudadanía.

Una agenda que no puede seguir esperando

Más que declarar emergencias cada temporada de lluvias, San Martín necesita una agenda permanente de gestión del riesgo. Entre las prioridades deberían figurar:

• Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial y hacerlo vinculante para todas las municipalidades.
• Prohibir nuevas ocupaciones en fajas marginales, quebradas y zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable.
• Reubicar progresivamente a las familias asentadas en sectores críticos, con programas de vivienda digna.
• Implementar sistemas automáticos de alerta temprana en las cuencas de los ríos Huallaga, Mayo, Sisa, Huayabamba, Tónchima y Cumbaza.
• Recuperar cabeceras de cuenca y reforestar las zonas degradadas para reducir la erosión y regular el ciclo hídrico.
• Limpiar y mantener permanentemente drenes, quebradas y cauces urbanos antes del inicio de cada temporada de lluvias.
• ortalecer las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades con personal técnico, equipamiento y presupuesto.
• Incorporar la educación climática y la cultura de prevención en todas las instituciones educativas.
• Publicar mapas de riesgo accesibles para la ciudadanía, de modo que cualquier persona conozca si vive o no en una zona vulnerable.
• Incrementar la inversión en prevención, porque cada sol destinado a reducir el riesgo evita gastos mucho mayores en reconstrucción y atención de emergencias.

La naturaleza no puede detenerse; la improvisación sí. Cada temporada de lluvias pone a prueba la capacidad del Estado para anticiparse y la responsabilidad de la sociedad para prevenir. Si conocemos dónde están los riesgos y quiénes son los más vulnerables, no hay justificación para seguir reaccionando cuando el desastre ya ocurrió. San Martín necesita menos discursos después de las inundaciones y muchas más decisiones antes de que empiece a llover. Por: Beto Cabrera Marina.